El Ayuntamiento de Córdoba admite el caos por la regularización de inmigrantes: «Nadie sabe dónde ir»

• Borja Jiménez @borjajimenezd
• Responsable de OKDIARIO Andalucía.
• • 22/04/2026 14:37
  • Actualizado: 22/04/2026 14:37

El Ayuntamiento de Córdoba ha admitido el caos desatado por la regularización masiva de inmigrantes tras recibir unas 420 solicitudes en sólo dos días, más que en todo 2025, cuando se registraron 340. La delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, ha denunciado la improvisación del proceso impulsado por el Gobierno y ha alertado de que «nadie sabe muy bien dónde acudir» ni cómo tramitar una avalancha que ya desborda a ayuntamientos y trabajadores sociales.

La responsable municipal de Servicios Sociales y Mayores ha puesto negro sobre blanco el descontrol generado en Córdoba por la nueva regularización. Según ha explicado, el problema no afecta sólo al volumen de solicitudes, sino también a la inseguridad jurídica y administrativa que está provocando entre los propios usuarios y dentro de las administraciones locales, que son al final las que tienen que asumir el grueso del trabajo.

Contador ha subrayado que en apenas un par de días se han recibido unas 420 solicitudes, una cifra que supera todas las registradas durante el conjunto del año pasado. Ese dato refleja, a su juicio, el enorme impacto de una medida que se ha lanzado sin preparar adecuadamente a los ayuntamientos, que ahora tienen que gestionar una auténtica avalancha sin refuerzo específico de plantilla ni una coordinación clara con el Ministerio.

La edil ha advertido de que esta regularización ha generado «un poco de complicación», aunque el escenario descrito va mucho más allá. Según ha señalado, los usuarios están muy nerviosos porque sólo se les han dado dos meses para completar el proceso y no tienen claro si deben acudir a los ayuntamientos o a las entidades sociales para tramitar su situación.

Dentro del Ayuntamiento, ha explicado, se está atendiendo una media de 300 citas diarias. Aunque se forman colas, ha defendido que esas citas se resuelven con rapidez. El problema, según su versión, aparece cuando los Servicios Sociales tienen que orientar a personas sobre el informe de vulnerabilidad y se encuentran con cambios de criterio introducidos sobre la marcha por la propia normativa.

En concreto, Contador ha detallado que al principio se hablaba de un informe de personas vulnerables y ahora se exige un certificado de vulnerabilidad. Ese cambio no es menor, porque altera quién debe firmar el documento. Mientras que el informe habitual lo elabora una trabajadora social tras evaluar la situación del usuario, el nuevo certificado exige la firma de un secretario del Ayuntamiento, lo que complica todavía más la tramitación.

La situación se agrava, además, porque muchas de las personas que están llegando no constan previamente en los Servicios Sociales municipales. Eso obliga a los profesionales a emitir valoraciones sobre personas cuya situación no conocen, en medio de un procedimiento precipitado y con escasas instrucciones claras. La propia concejal ha asegurado que este lunes, en unas jornadas de Servicios Sociales celebradas en Córdoba con profesionales de toda Andalucía, el malestar era generalizado.

En su opinión, el Ministerio ha sacado «un proyecto muy bonito en sus papeles», pero que está provocando «mucha incertidumbre» tanto en ayuntamientos y diputaciones como en los propios inmigrantes en situación irregular. También ha lamentado que se estén generando expectativas sin que después exista un sistema claro para tramitarlas con garantías.

Contador ha insistido en que se trata de una ley «muy improvisada» y ha advertido de que las solicitudes seguirán multiplicándose. Por eso ha reclamado que, si el Gobierno pone en marcha procesos de este tipo, también dote a los ayuntamientos de personal especializado y recursos económicos para afrontar una carga de trabajo que, en este caso, ha llegado de golpe y sin red.