Andalucía prohíbe el uso del móvil en aulas y recreos de colegios e institutos desde este martes
Sólo estarán permitidos para fines didácticos y pedagógicos y en casos "excepcionales" autorizados por los padres
Los profesores podrán retirar el móvil a los alumnos que no respeten los límites de uso
El 20% de los menores de 10 años ya tiene teléfono móvil
La Junta de Andalucía ha dictado, a través de la Viceconsejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, una instrucción para regular el uso de los teléfonos móviles en los centros educativos de la comunidad y que, entre otras medidas, contempla limitarlo durante la jornada escolar, salvo con fines exclusivamente didácticos y criterios pedagógicos «debidamente justificados. Además, el Gobierno autonómico otorga potestad a los profesores para retirar los dispositivos a los alumnos por el «incumplimiento» de las normas de convivencia.
«Tenemos que dar pasos firmes para responder a la preocupación de las familias y del conjunto de la sociedad», proclamaba la pasada semana el presidente de la Junta, Juanma Moreno, preocupado por el «aumento de la violencia entre jóvenes y adolescentes».
En las citadas instrucciones, que ya se han enviado a los centros educativos y asociaciones de directores, y que entrarán en vigor este martes para su aplicación «homogénea» en Andalucía, la Viceconsejería señala que determinadas conductas «no cívicas ni ejemplarizantes desde un punto de vista educativo, social y emocional, son cada vez más amplificadas y expuestas a través de la inmediatez de los dispositivos digitales y, especialmente, de los teléfonos móviles».
Por tal motivo, continúa, «es prioritaria la adopción de medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de internet y las tecnologías de la información y la comunicación por parte de las personas menores de edad para garantizar la protección de aquéllas frente a los abusos y la violencia de todo tipo que se produzcan a través de internet, los distintos dispositivos y teléfonos móviles».
Por ello, señalan, «los centros educativos han de contemplar actuaciones de prevención del ciberacoso o posibles situaciones de abuso a través de medios tecnológicos dentro de su plan de convivencia», y además de las estrategias generales de prevención previstas en los planes de convivencia, en los distintos protocolos en vigor y en los planes de orientación y acción tutorial, «es aconsejable potenciar e intensificar actitudes y mecanismos preventivos y proactivos».
Así, en dichas instrucciones se limita el uso de teléfonos móviles durante la jornada escolar, entendida ésta como el espacio de tiempo que incluye el horario lectivo, tiempo de recreo y los periodos dedicados al desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares, salvo que esté expresamente previsto en el proyecto educativo del centro para determinados momentos con fines exclusivamente didácticos y criterios pedagógicos «debidamente justificados», teniendo en cuenta en todo caso la edad del alumnado, su maduración y sus características psicoevolutivas.
Esta limitación «excluye» el uso de estos dispositivos al alumnado que lo requiera atendiendo a sus circunstancias personales, que tendrán que ser «debidamente acreditadas ante la dirección del centro por los representantes legales del alumnado». Además, dicha limitación «deberá quedar recogida» en los reglamentos de organización y funcionamiento de los diferentes centros docentes de las enseñanzas básicas.
Retirada de teléfonos
Asimismo, entre las medidas correctoras podrá contemplarse «retirar» al alumnado los dispositivos móviles, que se deberá efectuar en las dependencias administrativas del centro o en alguna otra de cualquier miembro del equipo directivo en presencia de, al menos, dos miembros del mismo, y solicitando al alumnado que «proceda a apagar el teléfono móvil». El dispositivo retirado será depositado en el despacho de la dirección del centro, que procederá a su custodia hasta que sea devuelto a los representantes legales del afectado.
En este sentido, la instrucción precisa que «las correcciones que hayan de aplicarse al alumnado por el incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un enfoque educativo y recuperador y deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado».
Igualmente, indica que el profesorado que esté realizando las funciones del servicio de guardia «prestará especial atención y extremará la vigilancia durante los periodos de cambios de clase y recreos».
De otra parte, contempla que la Consejería diseñará y ofertará a lo largo del segundo y tercer trimestre del presente curso escolar 2023/2024 programas formativos específicos dirigidos a los docentes andaluces y equipos directivos sobre la educación en seguridad y privacidad digital, así como jornadas dirigidas a las familias sobre uso «seguro y responsable» de internet, dispositivos móviles y redes sociales de sus hijos.
Finalmente, la norma dicta que la Inspección Educativa, en el marco de su Plan General de Actuación, «velará por el cumplimiento» de las presentes instrucciones y «asesorará e informará» en relación con las mismas a los distintos sectores de la comunidad educativa, añadiendo que los centros privados y los centros sostenidos con fondos públicos «adaptarán la aplicación de lo establecido en la presente instrucción a su organización, en consideración a la legislación específica que los regula».
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