Detenidas 30 personas por amañar parejas de hecho con inmigrantes para obtener la nacionalidad
La Policía Nacional junto a la Europol ha detenido a 30 personas que conformaban una red ilegal a nivel internacional dedicada a amañar parejas de hecho en Sagunto, Valencia, para regularizar a inmigrantes de origen magrebí.
Las falsas parejas estaban formadas por mujeres españolas y varones inmigrantes, lo que permitía a éstos regularizar su situación legal solicitando una tarjeta de residencia. Aunque los amaños se llevaban en Sagunto, la organización contaba con ramificaciones en Marruecos, Bélgica, Francia e Italia.
La investigación comenzó cuando agentes de la Policía tuvieron conocimiento de posibles irregularidades en unos expedientes de solicitud de autorización de residencia mediante uniones de hecho tramitados en la localidad valenciana de Sagunto.
Tras varias gestiones, los agentes pudieron determinar la existencia de una organización criminal dedicada al favorecimiento de la inmigración clandestina mediante falsas uniones de hecho, es decir, una organización que estaba especializada, presuntamente, en promover la formación de parejas de hecho con el objeto de regularizar la situación legal de hombres inmigrantes en el país.
Los dos máximos responsables del entramado criminal, un español y un francés, ambos de origen marroquí, eran propietarios de varias empresas y gestorías en Sagunto con las que daban de alta como trabajadoras a las mujeres que habían sido captadas por otros dos miembros de la red, y que estaban dispuestas a simular las uniones de hecho, siempre sin convivencia real, a cambio de una contraprestación de 3.000 euros.
Durante las investigaciones, los agentes pudieron constatar que esas mujeres no desarrollaban actividad alguna en esas empresas, y que el objetivo era acreditar los medios económicos suficientes para cumplir con uno de los requisitos exigidos para formalizar la unión de hecho.
Los inmigrantes eran reclutados por miembros que la organización tenía distribuidos en España, Bélgica y Francia, cobrando a cada uno de ellos 8.000 euros, si se encontraban en la península, o entre 10.000 y 12.000 euros si tenían que ser trasladados desde otros países a España.
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