El Gobierno aprueba la ley de Mónica García que veta a la Sanidad privada para combatir las listas de espera

• Diego Buenosvinos
• Especialista en periodismo de salud, política sanitaria y análisis de opinión en OKDIARIO.
• • 10/02/2026 12:18
  • Actualizado: 10/02/2026 14:55

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a petición del Ministerio de Sanidad de Mónica García, el anteproyecto de ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que derogará la Ley 15/1997, que permite la colaboración público-privada en la sanidad, con el objetivo de limitar este modelo.

La futura ley impulsada por Mónica García para limitar la colaboración público-privada en Sanidad ha generado preocupación entre profesionales y pacientes, ya que podría tener un impacto directo en la atención sanitaria en todo el país. Según advierten desde el sector, restringir estos acuerdos pondría en riesgo la realización de cirugías y agravaría las listas de espera, al reducir la capacidad asistencial que actualmente complementa al sistema público.

Expertos y asociaciones del ámbito sanitario consideran que esta medida podría retrasar el acceso a procedimientos esenciales, afectando especialmente a comunidades como Madrid, donde la colaboración público-privada es clave para garantizar la rapidez y eficiencia en la atención médica.

Isabel Díaz Ayuso ha reaccionado a la noticia con preocupación, y ha cargado contra el Gobierno por querer acabar con la sanidad de la comunidad que ella preside. «Ahora se celebra el Consejo de Ministros que tiene como absoluta obsesión la Comunidad de Madrid, amenazando, mintiendo e imponiendo», ha declarado la líder madrileña.

Asimismo, Ayuso entiende que con esta iniciativa, desde el Ejecutivo de Sánchez «quieren acabar con la sanidad en la Comunidad de Madrid, llevándola a la revolución, a que nada funcione en una región que no deja de crecer en habitantes y que tiene que afrontar un reto como el del envejecimiento».

La cartera de Mónica García lleva trabajando en esta normativa desde 2024 y, el pasado diciembre, la ministra de Sanidad anunció su intención de llevarla a Consejo de Ministros a principios de 2026. De este modo, la nueva norma no permitirá el modelo de Torrejón, el de Alzira o el de la Fundación Jiménez Díaz, dando prioridad a la gestión pública directa de los servicios sanitarios y limitando la entrada de empresas con ánimo de lucro en la gestión de la sanidad pública. Según explicó García, el objetivo no es acabar con la colaboración público-privada, sino con los «desmanes».

Tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros, la nueva ley iniciará su tramitación, que incluirá la fase de consulta pública, vuelta al Consejo de Ministros para su aprobación como proyecto de ley en segunda vuelta y, posteriormente, pasará al Congreso de los Diputados. 

La sanidad privada, cansada de su utilización

El sector de la sanidad privada en España ha reaccionado con dureza ante la propuesta del Ejecutivo para limitar la colaboración público-privada en la sanidad, impulsada por la ministra de Sanidad, Mónica García, con el objetivo de blandir el sistema frente al ánimo de lucro y los fondos de inversión. La sanidad privada ha denunciado que los informes y planteamientos del Gobierno buscan desacreditar la contribución del sector privado y ha tildado de «intolerable» la utilización de datos que, según afirma, falsean la realidad para justificar la nueva normativa.

Se advierte de que retirar o restringir la colaboración con entidades privadas podría poner en riesgo la capacidad del sistema sanitario para hacer frente a la demanda asistencial, y argumentan que la privada siempre actúa bajo petición del sistema público y aporta eficiencia económica y capacidad adicional que, de no existir, podría llevar al fallo del propio SNS.

Además, otra voz destacada en el sector, la Fundación IDIS, ha calificado cualquier intento de limitar de forma generalizada estas colaboraciones como un retroceso asistencial y organizativo. Representantes de esta organización han subrayado que la complementariedad entre lo público y lo privado es «un pilar esencial» para la sostenibilidad sanitaria y que las recientes propuestas legislativas responden más a un debate ideológico que a un análisis técnico del funcionamiento real del sistema.