Colectivos ciudadanos piden la dimisión del consejero vasco de Sanidad por las vacunas caducadas
El consejero, Alberto Martínez, reconoció la existencia de un «error» en la administración de vacunas caducadas
El episodio de las vacunas caducadas ha sido interpretado por estas plataformas como un síntoma más de un sistema tensionado
La sanidad pública del País Vasco atraviesa un momento de creciente tensión tras la polémica por la administración de vacunas caducadas, un episodio que ha intensificado las críticas de colectivos ciudadanos y ha puesto en cuestión la gestión del sistema. Las Plataformas ciudadanas en defensa de la sanidad pública-OPA Herri Plataformak han solicitado la dimisión del consejero de Salud, Alberto Martínez, al considerar que no ha asumido responsabilidades ante unos hechos que han generado preocupación social.
Y es que, el País Vasco vivió el pasado mes de enero una situación sanitaria excepcional tras detectarse la administración de vacunas caducadas a 253 personas, en su mayoría bebés. El error generó una gran preocupación sobre la protección de los menores y puso en marcha la revisión de los protocolos de vacunación. El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, reconoció la existencia de un «error» en la administración de vacunas caducadas a 253 personas, la mayoría bebés.
El caso de las vacunas caducadas —cuyo alcance ha sido objeto de investigación interna— ha actuado como detonante de un malestar que, según denuncian estos colectivos, viene de lejos. La polémica no sólo ha abierto dudas sobre los protocolos de control y seguridad, sino que ha reavivado el debate sobre la situación estructural del sistema sanitario vasco.
Durante una concentración celebrada en Vitoria-Gasteiz, coincidiendo con una reunión del llamado Pacto Vasco de Salud, las plataformas denunciaron que los problemas «siguen presentes y empeorando». Entre ellos, señalaron el aumento de las listas de espera, la falta de profesionales sanitarios y la alta temporalidad en las plantillas, factores que impactan directamente en la calidad asistencial.
Uno de los puntos más críticos es, según estos colectivos, el progresivo desvío de recursos públicos hacia empresas privadas. Denuncian que, mientras se destinan «cientos de millones» a externalizaciones, la Atención Primaria, clave para la prevención y el seguimiento de pacientes, sufre recortes y sobrecarga asistencial.
Vacunas caducadas
El episodio de las vacunas caducadas ha sido interpretado por estas plataformas como un síntoma más de un sistema tensionado, donde los fallos organizativos pueden tener consecuencias directas en la seguridad del paciente. Aunque las autoridades sanitarias han tratado de transmitir tranquilidad, el incidente ha erosionado la confianza en la gestión pública.
En este contexto, las organizaciones convocantes han llamado a la movilización ciudadana con manifestaciones previstas en Bilbao, Vitoria-Gasteiz y San Sebastián. Su objetivo es claro: defender un modelo de sanidad pública que, aseguran, se encuentra en riesgo si no se adoptan medidas urgentes.
La crisis abierta por este caso refleja un problema más amplio: el equilibrio entre eficiencia, recursos y control en uno de los sistemas sanitarios históricamente mejor valorados de España. Ahora, la presión social y política marcará si este episodio se traduce en cambios reales o queda como una nueva polémica en una sanidad cada vez más cuestionada.
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