El Tribunal Supremo evita a tiempo el pucherazo

El Tribunal Supremo ha tomado una decisión de una trascendencia crucial ante las elecciones del 29-N: los nacionalizados en virtud de la ley de nietos no podrán votar, salvo quienes tengan certificado consular de que cumplen la ley, ante la negativa del Gobierno a presentar pruebas fehacientes de que los trámites para otorgarles la condición de nuevos españoles con derecho al sufragio se hicieron conforme a los criterios fijados en la norma.

Dicho de otro modo: si la Administración alega falta de tiempo y medios para cumplir el requerimiento del alto tribunal, es porque el cúmulo de irregularidades es tan evidente. En estas circunstancias, el interés general, la pureza de la democracia, prima sobre el interés particular de los solicitantes. O sea, que ante la posibilidad cierta de que los comicios consagraran un fraude masivo, el tribunal preserva el bien mayor, aunque haya personas que hayan sido nacionalizadas aportando pruebas del exilio de sus ascendientes. Es una decisión lógica: habrá justos que paguen por pecadores, pero si el Gobierno ha sido incapaz de determinar cuántos expedientes se tramitaron orillando la ley, que todos ellos votaran hubiera sido tanto como amparar un fraude, un pucherazo a gran escala que podría haber alterado el resultado electoral.

Lo que ha quedado claro es que el Gobierno de Pedro Sánchez urdió un proceso tramposo, permitiendo a través de una instrucción ministerial de espaldas a la ley que multitud de solicitantes obtuvieran la nacionalidad sin acreditar debidamente su derecho. OKDIARIO viene denunciando desde hace años las intenciones de un Ejecutivo que diseñó un pucherazo antidemocrático que, por fortuna, ha abortado sobre la campana el Tribunal Supremo. Ha ganado, pues, la democracia y el Estado de Derecho, y ha perdido un Gobierno de mafiosos.