Para Sánchez quien defiende la Constitución es golpista y quien la ataca tiene premio
Resulta sencillamente inmoral y de una villanía insoportable que el Gobierno en funciones de España haya calificado de golpista a José María Aznar por expresar la conveniencia de que los españoles se manifiesten contra la amnistía a los golpistas catalanes que prepara Pedro Sánchez para garantizarse su continuidad en el poder. Es el mundo al revés: apelar a la defensa del marco constitucional es, para el Ejecutivo socialcomunista, «golpismo» y, sin embargo, a los golpistas catalanes que subvirtieron el orden constitucional Sánchez les concederá una amnistía que es tanto como obligar al Estado de Derecho y a los españoles a que borren el delito y olviden lo ocurrido.
Que quienes salgan a la calle a defender la Constitución sean para el Gobierno en funciones de España «golpistas» y que los auténticos golpistas puedan pasearse tranquilamente por la calle y amenazar con volver a subvertir el orden constitucional refleja con toda crudeza el estado real de la democracia española. Esto, se mire como se mire, no es una democracia plena, sino un Estado política, institucional y socialmente sometido a la pérfida alianza que el socialcomunismo planea con los enemigos de España.
Cuesta imaginar que un Ejecutivo que se tiene por democrático pueda acusar de «golpista» a nadie -y menos a un ex presidente del Gobierno de España- por oponerse a que un fugitivo de la justicia española, perseguido por el Tribunal Supremo, reciba como premio lo que ningún otro ciudadano español ha logrado en democracia, forzando de manera inconstitucional al Poder judicial y a los españoles a que olviden los delitos de los golpistas por imperativo de una ley de amnistía fraudulenta. Sánchez ha puesto dinamita en los pilares del entramado constitucional de 1978 y sólo es cuestión de tiempo que apriete el botón para que todo salte por los aires. Razón de más para que los españoles concernidos con la gravedad del momento -todos ellos «golpistas», según Sánchez- salgan a la calle a defender el marco constitucional.
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