Sánchez hace una Ley de Vivienda a medida de los okupas

La Ley de Vivienda, más allá de fijar topes al alquiler, es tan mirada con los okupas que cualquiera diría que la norma socialcomunista está hecha para protegerles en detrimento de los propietarios. La ley permitirá a los okupas e ‘inquiokupas’ dilatar el procedimiento de expulsión tanto como les venga en gana, pues el demandante que inicie trámites para recuperar su vivienda deberá «certificar» si es un gran tenedor y si los okupas emplean o no el inmueble como vivienda habitual, un proceso que puede alargarse hasta el infinito si no logran el consentimiento de estos. O sea, que sin la colaboración del okupa el propietario no podrá recuperar su inmueble. Un auténtico delirio. A la vez, la ley obligará a informar a los okupas o inquilinos que no pagan el alquiler de la vivienda de las ayudas públicas y subvenciones que podrán recibir en el caso de verse envueltos en un procedimiento de desahucio. Cuando el demandante sea un gran tenedor de vivienda y «hubiera presentado junto con la demanda documento acreditativo de la vulnerabilidad de la parte demandada, en el oficio a las Administraciones públicas competentes se hará constar esta circunstancia a efectos de que efectúen directamente, en el mismo plazo, la propuesta de medidas de atención inmediata a adoptar, así como de las posibles ayudas económicas y subvenciones de las que pueda ser beneficiaria la parte demandada y las causas, que, en su caso, han impedido su aplicación con anterioridad». Una vez recibida esta comunicación, la Administración de Justicia dará traslado a las partes, que tendrán cinco días para presentar sus escritos.

O sea, un proceso en el que propietario es obligado a ponerse de acuerdo con el okupa, sí o sí, para probar si este es o no vulnerable». Imaginemos que el okupa -como es lógico- no colabora. En ese caso, ni cabe la actuación judicial. El okupa se queda por la cara en la vivienda y santas pascuas. Todo un ataque a la propiedad privada.