La recompensa de no rendirse

Pocas veces una reivindicación social ha recorrido un camino tan largo y complejo hasta llegar a las puertas de una solución legislativa. La lucha de los mutualistas alternativos —abogados, procuradores, arquitectos, ingenieros y otros profesionales— es el mejor ejemplo de cómo la presión de la sociedad civil organizada puede acabar modificando la posición de un Gobierno que inicialmente se resistía a asumir determinadas demandas.

Nada de lo que hoy se está consiguiendo puede entenderse sin el papel desempeñado por actuaciones como las del Movimiento J2, una plataforma que durante años ha denunciado la situación de miles de profesionales condenados a percibir pensiones insuficientes pese a haber cotizado durante toda su vida laboral. Desde sus primeras movilizaciones, el movimiento defendió una pasarela al RETA universal, voluntaria y con reconocimiento íntegro de las cotizaciones realizadas bajo el principio «1×1», o lo que es lo mismo, un año cotizado debe equivaler a un año reconocido en la Seguridad Social.

La propuesta inicial impulsada por el Gobierno estaba lejos de satisfacer esas reivindicaciones. El propio Movimiento J2 denunció que el texto dejaba fuera a numerosos afectados, mantenía limitaciones injustificadas y no ofrecía una solución real para muchos mutualistas pasivos y jubilados. Por ello, las movilizaciones continuaron y se intensificaron durante toda la tramitación parlamentaria.

En ese proceso, las reivindicaciones del colectivo encontraron un respaldo especialmente significativo en los partidos del bloque derecha, defendiendo la necesidad de corregir aspectos esenciales de la norma y denunciaron los vetos presupuestarios del Gobierno a varias enmiendas que buscaban ampliar el alcance de la pasarela. De hecho, la abstención de VOX durante la tramitación no respondió a un rechazo de la medida, sino a la convicción de que el texto seguía siendo insuficiente para garantizar una solución justa para todos los afectados.

La formación defendía cuestiones que hoy resultan especialmente relevantes, como ampliar el número de beneficiarios, preservar el carácter voluntario de la integración, proteger a mutualistas ya próximos a la jubilación y avanzar hacia un reconocimiento más justo de las cotizaciones realizadas durante décadas. También reclamaba mantener la libertad de elección entre mutualidad y RETA y denunciaba que el Gobierno estaba limitando el debate parlamentario mediante vetos a enmiendas con respaldo de distintos grupos políticos.

Lo relevante es que muchas de aquellas reivindicaciones que justificaron la abstención han acabado encontrando reflejo en el texto que ha salido del Congreso rumbo al Senado. Los de Abascal no se rindieron, pese a las críticas, a sabiendas de que con ello conseguirían muchas más mejoras de las que fundamentan la reivindicación.

La primera gran mejora ha sido la ampliación de los beneficiarios de la pasarela. Una de las principales críticas formuladas era que la propuesta inicial excluía a miles de mutualistas. Las modificaciones incorporadas durante la tramitación han eliminado algunas de las restricciones más controvertidas y han permitido que un número mucho mayor de profesionales pueda acogerse al nuevo sistema.

También se ha producido un mejor reconocimiento de las cotizaciones realizadas. Aunque el modelo 1×1 defendido por el Movimiento J2 no se ha implantado plenamente para todos los casos, el texto final incorpora avances significativos respecto a las primeras versiones y contempla fórmulas de reconocimiento más favorables para determinados colectivos.

Igualmente importante es que se haya mantenido el carácter voluntario de la pasarela, una de las líneas rojas defendidas por quienes reclamaban que ningún profesional fuera obligado a abandonar su mutualidad. La integración seguirá siendo una opción libre para cada mutualista.

Además, el debate parlamentario ha logrado algo que hace apenas unos años parecía imposible, situar en el centro de la agenda política la situación de los mutualistas pasivos y jubilados, muchos de ellos perceptores de pensiones claramente insuficientes. Aunque aún quedan reivindicaciones pendientes, el problema ya no puede ser ignorado por las instituciones.

Todo ello resulta aún más significativo si se tiene en cuenta el contexto económico en el que se produce esta reforma. La incorporación de potencialmente decenas de miles de mutualistas al sistema público supone un reto para una Seguridad Social sometida a importantes tensiones financieras. Precisamente por eso, la rectificación del Gobierno adquiere una dimensión política aún mayor. No se trata de una medida sencilla ni exenta de costes. Es la consecuencia directa de años de movilización, presión social y negociación parlamentaria.

La cronología de los hechos es reveladora. Primero llegaron las denuncias de los afectados. Después, las movilizaciones del Movimiento J2. Más tarde, el respaldo político de quienes asumieron sus reivindicaciones en las instituciones. Finalmente, las modificaciones parlamentarias que han permitido mejorar sustancialmente el texto inicial.

La conclusión es que la propuesta que avanza hoy hacia su aprobación definitiva es mucho más favorable para los mutualistas que la presentada originalmente. Y buena parte de esos avances responden precisamente a las reivindicaciones que motivaron la abstención y a las demandas sostenidas durante años por el Movimiento J2. Una demostración de que, cuando la sociedad civil persevera y encuentra apoyo político suficiente, incluso los gobiernos más reticentes terminan aceptando cambios que en un principio parecían imposibles.

Interesada maniobra del gobierno

Lo que realmente pone de manifiesto este proceso es hasta qué punto el Gobierno ha cambiado de posición ante un colectivo al que hasta hace poco observaba con distancia.

Los autónomos representan uno de los mayores grupos productivos del país. Son millones de españoles que sostienen negocios, generan empleo, pagan impuestos y mantienen vivo el tejido económico de ciudades y pueblos. En un momento de creciente desgaste político y de evidente fragilidad parlamentaria, el Ejecutivo sabe que no puede permitirse aparecer como un obstáculo para sus reivindicaciones.

Por eso resulta difícil interpretar esta rectificación únicamente como una cuestión de justicia social. También es una cuestión de supervivencia política. El Gobierno ha comprendido que enfrentarse a un colectivo tan amplio y tan transversal como el de los autónomos tiene un coste electoral que no está en condiciones de asumir.

La paradoja es que esta apertura llega en uno de los momentos más delicados para las cuentas públicas. La Seguridad Social soporta una presión creciente derivada del envejecimiento de la población, del incremento constante del gasto en pensiones y de una deuda que sigue aumentando año tras año. Incorporar potencialmente a decenas de miles de mutualistas al sistema supone un reto económico de enorme magnitud sobre el que todavía existen más preguntas que respuestas.

Y, sin embargo, el Gobierno ha decidido seguir adelante. No porque haya encontrado una solución definitiva al problema financiero. No porque las arcas públicas atraviesen su mejor momento. Sino porque la presión social, la movilización del Movimiento J2 y el respaldo político encontrado en la derecha han convertido esta reivindicación en una cuestión imposible de ignorar.

Por eso, la verdadera noticia no es únicamente que la pasarela al RETA avance con mejoras respecto a la propuesta original. La verdadera noticia es que el Ejecutivo ha terminado aceptando una medida que hace apenas unos meses consideraba problemática, costosa y difícil de encajar en el actual escenario presupuestario.

Cuando un Gobierno modifica su posición en contra de las advertencias económicas que él mismo venía esgrimiendo, rara vez es porque hayan mejorado las cuentas. Normalmente ocurre porque la importancia política de la decisión supera a cualquier otra consideración.

Queda por ver cómo se financiará una medida de semejante alcance en un sistema que ya arrastra importantes tensiones presupuestarias. Pero ese debate llegará más adelante. Porque queda mucho por hacer y se hará. Hoy lo urgente para Sánchez y los suyos es cosechar el rédito político y mañana tocará encontrar un nuevo cuento para cuadrar las cuentas. Un cuento para no dormir.