Rebelión de los fiscales

Pedro Sánchez los busca, y los encuentra a su imagen y semejanza. ¿Cree cabeza humana que en algún lugar serio y democrático del mundo el todavía fiscal general del Estado, un tal Álvaro García Ortiz, el niño de la Lola, se mantendría en su poltrona? Decididamente, no. En los regímenes autoritarios, sí.

Ha sido pillado in fraganti mintiendo, presionando a un subordinado para que cambiara su informe sobre la amnistía y sobre los más que evidentes indicios de que se incurrió en delitos de terrorismo. ¿Éste es el primer fiscal del Reino que debe velar por la aplicación de la ley? Sus antecedentes políticos ya le situaban en el huracán de todas las sospechas, y las mismas se vienen confirmando desde el momento de su nombramiento, que fue puesto en entredicho por el propio CGPJ y por el Tribunal Supremo. ¿Sorpresa? Ninguna. Sirve la mano que le ha ascendido.

¿Acaso el tal asistente a los mítines partidarios del PSOE sabe más Derecho que el resto de los fiscales del Supremo? Se ha encontrado con tal bofetón que le auguro escaso porvenir; Sánchez le puede mandar a cualquier embajada si fuere menester. Doce de los 15 miembros de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo le han pegado tal sopapo que debe tentarse el rostro (inmenso, eso sí) cada mañana.

Por el momento, todavía en el Ministerio Público hay togados que saben cuál es su oficio y su deber, al margen de quién mande en el Palacio de la Moncloa. Sánchez va a necesitar como mínimo otros seis años más para corromper políticamente el resto de instituciones que todavía y a duras penas se le resisten. Por de pronto, el pronunciamiento de los 12 togados justos ha supuesto un soplo de aire fresco. Y, sobre todo, de esperanza democrática. Ahora, a por otras instituciones, Sánchez. Te están esperando.