Qué medidas puede tomar España contra Marruecos

Desde la entrega del Sáhara por parte de España a Marruecos y a Mauritania (que luego se retiró del tercio del territorio que ocupaba), el argumento que empleaba el lobby promarroquí para justificar las cesiones a Rabat y la inmovilidad ante cualquier ofensa o maniobra hostil era el «colchón de intereses». Cuantos más negocios tuvieran el sultán y el majzén en España, más empresas españolas se instalasen en Marruecos o más marroquíes vivieran en España, más difícil sería que Rabat atacase Ceuta o Melilla, impidiese la pesca a canarios y andaluces o hiciera lo que se le antojara.

Aunque no se expresaba con estas palabras, se entendía que la manera de amansar a la fiera de Rabat era darle dinero, aunque se trataba de la misma política desgraciada que hizo Moctezuma con Hernán Cortés. Los que ganaban eran, precisamente, ciertos empresarios españoles. ¡Menos mal que los sultanes no exigían doncellas!

Después del 11-S de 2001, se adujo la «seguridad». Se nos repetía que Marruecos era imprescindible para contener el yihadismo, aunque la nacionalidad marroquí es la más abundante entre los terroristas detenidos en España (atentados del 11-M y de las ramblas de Barcelona, asesinato en Algeciras…) y Europa. Otro incumplimiento de ese compromiso son las docenas de miles de indultos concedidos por Mohamed VI a todo tipo de delincuentes, que alcanzan incluso a asesinos y yihadistas.

Más tarde se unió una nueva excusa: necesitamos a Marruecos para controlar la inmigración ilegal. Y, sí, la Gendarmería y el Ejército reales la controlan en beneficio de sus amos. Como hemos visto en Ceuta estos días, y en años anteriores, la dirigen a las vallas.

Mientras tanto, Rabat recibe cientos de millones de euros como tributo de los europeos, aunque es cierto que parte de ese dinero regresa a Europa. Por ejemplo, en la compra por Mohamed VI de un palacete en París por 80 millones.

Otras humillaciones del régimen alauita a España consisten en la negativa a definir sus fronteras en su Constitución y en el incumplimiento de dos acuerdos internacionales vigentes: el Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación y el Convenio de readmisión de extranjeros entrados ilegalmente (que le obliga a aceptar a todos los inmigrantes irregulares que salgan de su territorio).

Ya que tanto los buenos modales con Mohamed VI y sus ministros como la sumisión no sirven para establecer una relación de convivencia y respeto, España debería volver a probar la vía de la fuerza, como hizo en el incidente de Perejil (2002), en el que entonces contó con el respaldo de la Casa Blanca.

A continuación, detallo una lista de medidas, elaborada teniendo en cuenta que, entre las principales fuentes de ingresos de Marruecos, están el narcotráfico (el país es, como ha declarado la ONU, el principal productor de hachís del mundo), las remesas de la población residente en el extranjero y la producción hortofrutícola.

• Exigencia de etiquetado en los productos hortofrutícolas que muestre su origen saharaui o marroquí.
• Control de las importaciones agrícolas que entran por los puertos españoles, a fin de que cumplan las exigencias sanitarias y los contingentes pactados con la UE. Se rechazarán las cargas que no se ajusten a esas normas.
• Paralización de todos los proyectos de la Agencia Española de Cooperación Internacional con Marruecos y, simultáneamente, presión en la Unión Europa para que ésta haga otro tanto.
• Retirada de fondos públicos a las ONG españolas que cooperen de cualquier forma con entidades marroquíes, junto con la prohibición a todas las Administraciones de financiar esta actividad.
• Persecución del narcotráfico en el Estrecho, dando permiso a la Guardia Civil para que dispare a las lanchas de los traficantes.
• Imposición de tasas a las remesas enviadas por marroquíes a su país de origen.
• Prohibición de envíos de dinero a Marruecos a toda familia marroquí que cobre el IMV o algún otro subsidio público.
• Comprobación de la residencia verdadera en España de los marroquíes que reciben ayudas públicas y retirada, con multa, a quienes vivan en Marruecos.
• Suspensión de todos los procesos de nacionalización de ciudadanos marroquíes, así como revisión de las nacionalizaciones ya concedidas.
• Suspensión de los programas de enseñanza de árabe y cultura marroquí, a fin de impedir el adoctrinamiento de los jóvenes y para fomentar, por parte española, su integración en la sociedad en la que viven. Acaba de hacerlo la Junta de Extremadura a instancia de Vox.
• Paralización de la concesión de visados para estudiantes y del turismo sanitario, en especial si afectan a los miembros de la oligarquía marroquí.
• Exigencia a los imanes pagados por Marruecos de que su mensaje se ajuste a las leyes españolas en cuanto a respeto a los derechos de la mujer y la tolerancia religiosa, so pena de expulsión o de procesamiento.
• Identificación de las propiedades y negocios propiedad de la familia real y de los miembros del majzén y una reforma legal para confiscarlos, con el objeto de pagar el mantenimiento de los súbditos cuya deportación se niegan a aceptar.

Quienes duden de la legalidad de semejantes medidas deben recordar que varias de ellas se aplican en las naciones de la UE a ciudadanos y empresas rusas como sanciones por la invasión de Ucrania, con la aprobación de las instituciones comunitarias.

Por último, la acción definitiva contra Marruecos sería el reconocimiento por parte del Gobierno nacional, apoyado por una amplia mayoría en las Cortes Generales, de la República Árabe Saharaui Democrática. Ya lo han hecho más de 80 países, junto con la organización Unión Africana.

Evidentemente, el despiadado régimen marroquí, el mismo al que no le ha importado la muerte de quizás un centenar de sus súbditos en la operación de ocupación de Ceuta, reaccionaría. Pero, ¿con qué nos amenazaría? Porque hemos comprobado que no respeta ni las fronteras ni la soberanía españolas. El sultán tiene más que perder que los españoles.