Opinión

El Parlamento de Ecuador señala por corrupción a Irene Montero

Es un hecho que el anterior Gobierno bolivariano de Ecuador, presidido por Rafael Correa, financió durante años con 2,6 millones de euros la cooperativa fundada por el diputado podemita Rafael Mayoral. El procedimiento era el siguiente: cada año, el Gobierno de Correa entregaba 759.936 dólares al servicio de asesoramiento hipotecario que los abogados de la sociedad Kinema prestaban (o debían prestar) a la colonia ecuatoriana en sus consulados en España. El Ejecutivo de Correa utilizaba este servicio creado por Rafa Mayoral como una correa de transmisión política para captar el voto y las voluntades de los ecuatorianos que residen en España.

Rafael Mayoral y otros dirigentes de Podemos, entre ellos la hoy ministra de Igualdad, Irene Montero, fueron citados expresamente por el nuevo embajador de Ecuador en España, Pascual del Cioppo, como responsables de estas empresas que recibieron dinero de la nación iberoamericana. El nuevo Ejecutivo de Ecuador, nada más tomar posesión, lo primero que hizo fue suspender los pagos por sospechar que el dinero no era otra cosa que una forma encubierta de financiación de la formación morada. El asunto fue llevado a la Comisión de Fiscalización de Asuntos Económicos del Parlamento ecuatoriano que, tras meses de investigación, ha decidido denunciar ante la Fiscalía de aquel país a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y al diputado podemita Rafael Mayoral por los 11 contratos públicos por valor de 2,6 millones de euros que Rafael Correa adjudicó a dedo a Kinema, la cooperativa de Podemos. Concluye, por tanto, la Asamblea Nacional de Ecuador que puede haber materia delictiva. La denuncia de la comisión parlamentaria viene a avalar, punto por punto, las informaciones publicadas en su día por OKDIARIO que apuntaban directamente a Rafael Mayoral como uno de los dirigentes podemitas que habían recibido financiación de distintos gobiernos de la órbita bolivariana. Además, las fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que Irene Montero formaba parte de esta red ofreciendo unos supuestos servicios de asistencia psicológica a ecuatorianos que iban a ser desahuciados

Como es natural, nos llamaron de todo, pero aquella denuncia adquiere hoy carácter oficial después de que haya sido el propio Parlamento de Ecuador quien haya puesto en el punto de mira a Podemos y determinado que entre los investigados está la mismísima ministra de Igualdad, Irene Montero. Y lo que se investiga es un delito de corrupción. Ni más ni menos