La necesaria independencia de la AIReF

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) nació con un propósito muy claro: reforzar la disciplina fiscal y mejorar la credibilidad de las cuentas públicas españolas. No se trata de un organismo ornamental ni de un simple centro de estudios. Su función es mucho más delicada: evaluar las políticas fiscales, analizar los presupuestos y emitir informes que, en la práctica, suponen una fiscalización técnica de las decisiones del Gobierno. Por esa razón, la AIReF debe ser —y parecer— plenamente independiente.

La independencia institucional no se proclama únicamente en la ley que crea el organismo. Se construye a través de las prácticas políticas y, sobre todo, mediante el perfil de quienes lo dirigen. Si el responsable de una autoridad independiente mantiene vínculos demasiado estrechos con el poder político al que debe analizar, la credibilidad del organismo queda inevitablemente erosionada.

En ese contexto, la inmediata designación de Inés Olóndriz como presidenta de la AIReF, tras recibir el visto bueno del Congreso gracias a la mayoría Frankenstein, plantea dudas razonables. No se trata de cuestionar su capacidad técnica ni sus conocimientos. El debate no es ese. El problema reside en el salto institucional que supondría pasar directamente desde la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local —con rango de subsecretario de Estado— a la presidencia de un organismo cuya misión es evaluar, entre otras cosas, la política fiscal del propio Gobierno. La cuestión, por tanto, es de principio institucional.

La AIReF debe analizar los presupuestos generales del Estado, evaluar la sostenibilidad de la deuda pública, pronunciarse sobre el cumplimiento de las reglas fiscales y emitir informes sobre diversas medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo. Es decir, debe ejercer una función de supervisión técnica sobre las decisiones del Gobierno. Si quien dirige ese organismo procede de un puesto político de primer nivel dentro del propio Ministerio de Hacienda, la independencia del órgano puede quedar comprometida, al menos en términos de percepción pública. Y en materia institucional, la percepción importa tanto como la realidad.

La economía no sólo funciona con datos, también con credibilidad. Los mercados, las instituciones europeas y los inversores internacionales observan con atención la arquitectura institucional de cada país. Cuando los organismos independientes son realmente autónomos, las señales que se envían al exterior son de estabilidad y rigor. Cuando, por el contrario, se percibe una colonización política de esos organismos, la confianza se deteriora.

En los últimos años, además, se ha instalado una tendencia preocupante: la de extender la influencia gubernamental sobre instituciones que, por diseño, deberían operar con autonomía. El caso más evidente fue el del Banco de España. El nombramiento de José Luis Escrivá como gobernador, inmediatamente después de haber sido ministro del propio Gobierno, generó un debate legítimo sobre la independencia de la institución. No se cuestionaba su trayectoria técnica, sino el precedente institucional que se estaba estableciendo, ya iniciado, en parte, con el nombramiento, hace años, de Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Ese precedente no debería reproducirse ahora en la AIReF. España necesita fortalecer sus instituciones, no debilitarlas. Y eso exige entender que los organismos independientes no son espacios de continuidad administrativa para cargos políticos, sino contrapesos institucionales destinados a mejorar la calidad de la política económica.