El mundo al revés: los golpistas ponen las multas

Pésima noticia para la supervivencia de la democracia en Cataluña. El Ejecutivo del xenófobo Quim Torra pretende multar con 600.000 euros a los constitucionalistas que quiten los lazos amarillos de las calles. Por desgracia, los catalanes viven en un constante dislate pseudodictatorial desde el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. La comunidad autónoma se ha convertido en el mundo al revés: ahora resulta que son los golpistas los que multan y los defensores del Estado de Derecho los que deben esconderse. Con semejante panorama, y con el Gobierno de Pedro Sánchez dispuesto a concederles lo que pidan, el Estado de Derecho y la seguridad jurídica son ahora mismo dos quimeras en una región dominada por las veleidades separatistas.

Los lazos amarillos, amén de defender, loar y enaltecer a delincuentes como Carles Puigdemont, sirven para simbolizar el ataque constante a la norma principal que rige nuestro país: la Constitución. A partir de ahora, los españoles que defienden con valor la legalidad vigente en Cataluña estarán aún más perseguidos. No sólo tendrán que tener cuidado con la violencia desmedida de esa kale borroka de nuevo cuño que son los CDR —acosan al juez Pablo Llarena y campan al grito de «¡sin desobediencia no hay independencia!»—, además deberán extremar las precauciones para que el régimen represor de Torra no los castigue con multas que oscilan entre los 30.000 y los 600.000 euros. La iniciativa en sí misma impone el pensamiento único independentista. Las cifras son la demostración del puño de hierro con el que el heredero de Puigdemont y sus acólitos tratan de someter cualquier conato de defensa de España.

Ante este panorama, no es de extrañar que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, haya pedido «fortaleza» a Pedro Sánchez frente al independentismo, así como la recuperación del artículo 155. El presidente socialista tiene que actuar, ya que las medidas que trata de imponer Quim Torra son un ataque a la dignidad de nuestro país. Sánchez no puede ni debe quedarse de brazos cruzados y seguir concediendo prebendas a los independentistas catalanes mientras la mayoría constitucionalista en la región ve pisoteados sus derechos. Estamos en un momento clave de nuestra historia. El principal partido de la oposición está a la altura de las circunstancias, es momento de comprobar si lo está también el Gobierno.