La Moncloa no es lugar de memoria

Se van a cumplir este viernes noventa años desde el golpe militar que desencadenó la Guerra Civil, de la que resultaron victoriosos los abuelos maternos de José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez Pérez-Castejón, contienda que sus nietos están pretendiendo ganar de nuevo, pero ahora disfrazados de milicianos frentepopulistas.

Ojalá que la efeméride sirviera para apagar los nuevos odios esparcidos bajo el pretexto de aquellas viejas querellas de abuelos y bisabuelos, superadas, resueltas y conciliadas mediante el acuerdo de los propios querellantes incluso décadas antes de nuestra, pese a lo que digan, ejemplar Transición.

Porque estos nuevos odios no tienen ninguna relación con las trincheras del 36, salvo el uso de estas como decorado: ya se sabe, la historia se repite dos veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa, decía Carlos Marx.

Es la estrategia de unos partidos extremistas, incluido el PSOE y los ultranacionalistas, cuyo proyecto se reduce a sacar tajada de la desunión y el enfrentamiento entre españoles para sacar tajada también de las arcas públicas.

Con la utilización de la Guerra Civil como arma arrojadiza, se intentan restablecer aquellas dos Españas irreconciliables que en los años 30 del siglo pasado pretendieron apropiarse en exclusiva de la legitimidad política, negándosela a la otra.

Esto es exactamente lo que se restañó en la Transición: el reconocimiento mutuo de legitimidad entre las dos Españas, para volver a ser la misma en torno a un proyecto común de libertad y bienestar. La vuelta a la deslegitimación del adversario solo busca destruir el pluralismo e impedir la alternancia pacífica, claves de la convivencia democrática.

Pero quizás lo más abyecto de este tinglado guerracivilista ha sido hurtarle a nuestra democracia la posibilidad del reconocimiento de todas las víctimas sin distinción. Al final se ha impuesto la clasificación entre víctimas de primera y de segunda, como se le reprocha, justamente, al franquismo.

Si fuera posible establecer comunicación telefónica con aquel verano de sangre, pólvora, moscas y alpargatas, invitaría a Pedro Sánchez a marcar en su móvil el número 36959. Su llamada, esto sí, sonaría en el propio Palacio de La Moncloa, pues era el teléfono que allí tenía habilitado en agosto de 1936 el grupo de milicias de El Socialista, periódico oficial del PSOE.

Los socialistas se habían incautado nada más comenzar la contienda del que había sido antiguo palacete de la duquesa de Alba, escenario de sus amoríos con Goya, según señalaba el reportaje publicado el 7 de agosto de 1936 por Informaciones, que incluía imágenes de milicianos en el interior y el exterior del palacete.

Con su llamada a las milicias de El Socialista que estaban allí acuarteladas, Sánchez podría saber que los jardines que hoy recorre cada día fueron escenario del asesinato a sangre fría, sin proceso ni juicio alguno, de personas cuya única culpa era pensar diferente a sus verdugos.

La documentación del archivo de Salamanca confirma al menos el levantamiento de una veintena de cadáveres, aunque pudieron ser más, ante la fachada del palacete de La Moncloa, sus jardines y sus inmediaciones. Estas víctimas, de edades comprendidas entre los 20 y los 58 años, eran estudiantes, oficinistas, dependientes, empleados públicos y militares, algunos de estos retirados.

Los asesinatos en la actual sede de la Presidencia de Gobierno se produjeron en agosto y septiembre de 1936, pocos meses antes de que se convirtiera en escenario bélico durante la batalla de Madrid. En algunas de estas muertes participaron miembros de la checa de Fomento, creada por el Ministerio de Gobernación, cuyo titular era entonces el socialista Ángel Galarza. Todo quedaba entre camaradas.

En ciertos casos, las milicias de El Socialista retenían en depósito el dinero, los talones o las pólizas del Banco de España hallados en los cadáveres. A uno de los asesinados, el guardia civil retirado Ezequiel Marcos Sanz, de 43 años, se le encontró un sobre con documentación para su ingreso en el manicomio de Ciempozuelos.

Entre los asesinados en el palacete de La Moncloa figura Enrique Pérez y Fernández-Chao, capitán de navío, de 55 años, detenido en el propio Ministerio de Marina por su papel en el sofocamiento del golpe armado contra la República organizado por PSOE y UGT en octubre de 1934. Había sido comandante del crucero Almirante Cervera, que formó parte de los convoyes que llevaron tropas a Asturias para hacer frente a la rebelión armada promovida por los socialistas.

Dos disparos, uno en la nuca y otro en la cara, dictaron sentencia contra el que fue uno de los más sobresalientes marinos españoles, fundador y director de la Escuela Naval de Guerra, como recuerda hoy la página web del Ministerio de Defensa que dirige la jueza Margarita Robles.

La ley de Sánchez establece que puede ser declarado de oficio «lugar de memoria democrática» aquel «espacio, inmueble, paraje o patrimonio cultural inmaterial o intangible en el que se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva». Y cita, entre otros, los hechos vinculados «con la represión y violencia sobre la población».

Esto motivó mi interés por preguntar el mes pasado al Gobierno por qué no había declarado de oficio, como contempla la ley, «lugar de memoria democrática» el Palacio de La Moncloa y la Ciudad Universitaria, escenario de centenares de asesinatos, además del cementerio de Paracuellos de Jarama, con 2.500 víctimas, o las cerca de 350 checas que funcionaron en Madrid, donde fueron secuestradas, torturadas y asesinadas otros miles de personas.

También hice la misma pregunta sobre el llamado «tren de Negrín», en cuya obra fueron empleados presos condenados a trabajos forzados por el Gobierno frentepopulista, al igual que hizo el franquismo en la construcción del ferrocarril Madrid-Burgos, cuyos destacamentos penales sí han merecido esa declaración recientemente.

Todos estos lugares cumplen indudablemente su condición de ser escenario de episodios vinculados «con la represión y violencia sobre la población». Las circunstancias son obviamente distintas, pero el Palacio de la Moncloa registró sólo en dos meses de revolución más asesinatos que la sede de la Dirección General de Seguridad (DGS) en la Real Casa de Correos en casi cuarenta años de dictadura, como puede comprobarse en el libro «La DGS. El palacio del terror franquista», de Pablo Alcántara, escalofriante crónica de las torturas allí aplicadas a los detenidos.

Sánchez ha declarado «lugar de memoria democrática» la actual sede de la Presidencia de la Comunidad, en contra del criterio del Gobierno regional, que considera acertadamente el edificio un símbolo de libertad y concordia, como lo concibieron los anteriores gobiernos del PSOE al convertirlo en sede de la presidencia autonómica.

Sin embargo, Sánchez no contempla esta declaración para su actual residencia como jefe del Ejecutivo según la respuesta oficial que he recibido, aunque afirma que esta negativa «no implica desconocimiento de los hechos históricos asociados a dichos emplazamientos».

En su contestación a mi petición de información, el Gobierno de Sánchez reconoce que los criterios para esta declaración responden únicamente a su propio capricho sectario, de modo que nunca interesará a lugares de la represión desatada por el Frente Popular, al que pertenecía el PSOE.

Paracuellos de Jarama, las checas o parajes de Madrid como el Palacio de la Moncloa y la Ciudad Universitaria se convirtieron en patíbulos de miles de personas inocentes, asesinadas simplemente por votar a las derechas, ir a misa, leer el ABC, ser cura o monja, tener una foto de Alfonso XIII o conservar una tarjeta de visita de Calvo Sotelo, incluidos mujeres, menores de edad y ancianos.

Pero el Gobierno de Sánchez considera que estos lugares no tienen relevancia y dimensión históricas, impacto colectivo, representatividad ni existencia de elementos materiales para merecer su «memoria democrática».

En cuanto al criterio de «duración temporal», es incuestionable que las causas que motivan estas declaraciones se prolongaron por tres décadas bajo la dictadura de Franco, mientras que la Guerra Civil apenas duró tres años.

Sin embargo, las familias de los asesinados por los «hunos» y los «hotros» se igualaron temporal y moralmente en la prolongación de sus efectos, en cuanto a persistencia del dolor, el recuerdo y la ausencia de los seres queridos. Esta igualdad se tuvo muy presente en la España del abrazo, cuando era compartida entre la mayoría de los supervivientes la piedad por todas las víctimas.

El Gobierno de Sánchez se niega a aceptar que lo totalitario es reconocer o ignorar a las víctimas de violaciones de los derechos humanos según el color del uniforme de los verdugos, y que lo democrático es reconocerlas a todas. Y lo más importante: se resiste a asumir que reconocer a unas víctimas y olvidar a otras significa olvidarlas a todas.