Marlaska, el ministro-juez que viola la presunción de inocencia

Lo del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, empieza a ser de Juzgado de Guardia. Después de tener conocimiento de que una mujer había resultado muerta al caer al vacío desde un piso en Valladolid, se apresuró a calificar el hecho de  «asesinato de violencia machista», pese a que fuentes policiales e incluso la propia Delegación del Gobierno apuntaban a un suicidio. Para entendernos: la propia Policía, de la que Marlaska es su máximo responsable, negaba estar delante de un caso de violencia de género, pero el ministro ya había condenado, sin pruebas, a un ciudadano que ahora ha quedado en libertad al considerar el juez que «no existen indicios para imputar conducta delictiva al detenido».

La gravedad del comportamiento de Grande-Marlaska se incrementa por el hecho de ser juez, lo que le obligaría a un plus de prudencia en aras al derecho a la presunción de inocencia. Que el ministro de Interior acuse a un ciudadano de asesinato sin pruebas es intolerable, más aún si quien lo hace es alguien que debería saber, por su profesión, que hacerlo constituye un delito.  Grande-Marlaska no sólo está obligado a disculparse, sino que lo ocurrido debería llevarle a una profunda reflexión, porque ni como ministro ni como juez ha estado a la altura de lo que demandan las circunstancias, con independencia de que ese ciudadano que ha quedado en libertad sin cargos decida ejercer acciones penales.

No es la primera vez que el Gobierno socialcomunista se lanza a estigmatizar con el calificativo de «asesino» a ciudadanos que luego se demuestra que son inocentes. No es que sea intolerable, que lo es, sino que estamos ante un  comportamiento  penalmente perseguible. Si Grande-Marlaska ha olvidado el principio de la presunción de inocencia o ha decidido saltárselo por criterios de estricto sectarismo ideológico los tribunales de Justicia habrán de recordarle que hay límites que no se pueden sobrepasar por muy ministro de Interior que se sea.

Ya está bien de criminalizar a ciudadanos inocentes que, además del drama personal que padecen, tienen que soportar que el Gobierno socialcomunista de España les llame asesinos a la cara.