De locos: dinero público en un paraíso fiscal

La corriente de corrupción del Canal de Isabel II cada vez baja más turbia. A tenor de la información que les ofrece en exclusiva OKDIARIO, la empresa hidráulica ha sido la sede de un auténtico latrocinio coral durante más de una década. Una fosa séptica de irregularidades que trasciende incluso a Ignacio González y nos lleva a principios del siglo XXI, cuando Alberto Ruiz-Gallardón era ‘Mister Mayoría Absoluta’ y presidía la Comunidad de Madrid asentado sobre el apoyo y el reconocimiento de partidarios y detractores del Partido Popular. Este caso sitúa en el centro de la diana a Pedro Calvo. El ex presidente del Canal llegó al cargo apenas dos meses antes de que se produjera una operación tan opaca como la propia caja registradora de la empresa pública y que contó con la innegable colaboración de su mano derecha, el gerente Arturo Canalda. Los 73 millones de dólares —67 millones de euros al cambio actual y 83 al de entonces— que sirvieron para comprar Inassa llevaban tras de sí un tufo oscuro. 

Tanto que algunos de los receptores —empresarios colombianos— tenían vínculos con grupos paramilitares. No obstante, y más allá incluso de la dudosa trayectoria de los protagonistas, resulta escandaloso que para comprar la empresa que controlaba Aguas de Barranquilla (Colombia) el pago se hiciera en el paraíso fiscal de Panamá en lugar de en el país cafetero. No se puede decir, además, que nadie advirtiera de que aquella operación era del todo desaconsejable desde el punto de vista legal. De hecho, el reputado despacho de abogados Garrigues desaconsejó la maniobra tanto por el excesivo precio —83 millones de euros de entonces— como por la inconveniencia de utilizar un territorio offshore, dada la evidente mala imagen que otorga tanto a negocios privados como, muy especialmente, a operaciones con fondos públicos. Sobre todo cuando una auditoría había tasado Inassa en 7 millones de dólares o, lo que es lo mismo, 10 veces menos que la cantidad pagada finalmente por el Canal de Isabel II. 

Se contravino el informe que desaconsejaba la compra con toda desfachatez, la misma con la que en aquellos años se desviaba dinero público a manos llenas: ¿Dónde estaba la Intervención General de la Comunidad de Madrid?

Aquel dispendio de ninguna manera podía justificarse con la excusa del aumento en el periodo de concesión, que pasó de expirar en 2013 a estar vigente hasta 2033. De nuevo el dinero de todos los madrileños —y por extensión de todos los españoles— manoseado por políticos que entienden la actividad representativa como un medio para ejercer el expolio al por mayor así como una forma de engordar sus patrimonios privados. Justo lo contrario de lo que debería suponer la esencia democrática. Tanto el antiguo presidente del Canal de Isabel II, Pedro Calvo, como su gerente, Arturo Canalda, deben dar explicaciones sin la más mínima dilación. Canalda, además, preside actualmente la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. La presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, ha demostrado ser una enconada enemiga de la corrupción. Aquí tiene que seguir ejerciendo la tabula rasa. Este nuevo escándalo, así como el resto de la ‘Operación Lezo’, no pueden quedar impunes.