Lo de la Fiscalía con Julio Iglesias tiene delito

Si el papel de la Fiscalía es velar por el principio de legalidad, que empiece por aplicarse el cuento, porque resulta absolutamente inaceptable que, después de impedir la personación de Julio Iglesias en las denuncias por agresión sexual presentadas contra el cantante por dos ex empleadas, a día de hoy siga sin tener acceso a la causa. El Ministerio Público archivó el caso argumentado que carecía de competencias, una excusa porque en realidad su rechazo a investigar obedeció al hecho de que OKDIARIO desmontó el plan urdido contra el artista al publicar los mensajes de afecto y cariño que las supuestas agredidas le mandaron después de haber sufrido un supuesto «infierno».

Si la Fiscalía negó acceso a la causa al cantante y dos días después interrogó en secreto a las denunciantes, impidiendo así a la defensa de Julio Iglesias estar presente en las declaraciones de estas, se ha vulnerado de manera flagrante el derecho constitucional del cantante, con el agravante de que a día de hoy la Fiscalía sigue sin trasladarle el contenido de unas denuncias que, al parecer, sí conocen los medios de comunicación que participaron en su cacería.

Y es que, con independencia de que la Fiscalía -vista la endeblez de la denuncia y los mensajes publicados por OKDIARIO- haya plegado velas y frenado en seco el ímpetu de la fiscal Marta Durántez, Julio Iglesias tiene todo el derecho a conocer el contenido de todas las actuaciones. La secuencia de los hechos es la que sigue: un medio de comunicación «progresista» se hace eco en grandes titulares de las denuncias de dos ex empleadas del artista que aseguran dicen haber sido objeto de agresión sexual por parte del cantante.

La Fiscalía -especialmente una fiscal muy feminista ella- se excita e interroga a las supuestas víctimas sin permitir la personación del denunciando y, días después, archiva el caso -OKDIARIO ya había desmontado la cacería- negándole a fecha de hoy a Julio Iglesias su derecho a conocer las actuaciones practicadas. O sea, la Fiscalía ciscándose en el principio de legalidad. Tiene delito la cosa.