Infamia pseudojurídica, insulto moral

Ya casi nada nos extraña. En numerosas ocasiones entramos en un estado de sopor emocional que puede ser muy cómodo, pero es difícilmente justificable. Perdemos la perspectiva de la afrenta y nos amilanamos en la respuesta. España ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la violación del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que prohíbe la tortura y los malos tratos. Como consecuencia de ello, el Estado debe indemnizar con 50.000 euros a los degenerados etarras Portu y Sarasola, asesinos de dos honrados ciudadanos ecuatorianos una fría mañana de diciembre en el aparcamiento de la T4 de Barajas. En su inaudita sentencia, se resaltan tanto unas falsas carencias en la investigación de los hechos como un trato “inhumano y degradante” que recibieron semejantes despojos tras su detención, y del que el Tribunal hace responsable a España como Estado custodio de los detenidos.

Para mayor escarnio, semejante ‘corrillo’ tiene entre sus filas al sinuoso jurista del PSOE Luis López Guerra, siempre presente en las decisiones que dan cobertura a los intereses de ETA contra el Estado español, regalo envenenado del inefable Zapatero, muñidor y mercader de las cesiones a los terroristas para conseguir una presunta paz sin justicia. Personaje de amoralidad tal, que en vez de aleccionar a sus compañeros sobre el terror etarra durante 50 años da argumentos a los que justifican dicho terror justo cuando la sociedad española pretende evitar que el terrorismo blanquee su historia y ésta sea revisada como un conflicto entre iguales.

Jamás olvidemos que España es una nación libre, moderna y desarrollada que ha sufrido la lacra terrorista durante décadas. Hay que ser miserables, aborregadamente ingenuos o ambas cosas. Quizás estos togados de salón pretendían que nuestros guardias civiles llamaran a la puerta. Que mediante bonitos versos les impetraran e invocaran, en tono suave y delicado, la posibilidad de que amablemente les acompañaran y ya en dependencias policiales, con un café, ‘blue mountain’ a ser posible, declararan sus nimias fechorías.

Qué cicateros desde su púlpito lejano y falso, cuánto daño hacen, qué nueva cicatriz provocan a las víctimas y a la sociedad entera. Han avalado la estrategia de la mafia terrorista sobre la denuncia de falsas torturas y qué perversión jurídica provocan trasladando a nuestro Estado, como acusado, la carga de probar que no torturaron, cuando los brillantes guardias civiles que protagonizaron la detención de estos asesinos fueron absueltos de toda culpa por el Tribunal Supremo. Qué despropósito y villanía. Menudos orates que han usurpado la soberanía de nuestros tribunales.

No todos somos iguales. Siguen existiendo los decentes y los profundamente indecentes. Y entre los segundos se encuentran semejantes cicateros y aquellos voceros y bocazas que los jalean, como Unidos Podemos, que afirma sentir “vergüenza” tras la condena y el PNV y Bildu, al instar al Gobierno a “tomar nota”. Entre los primeros se encuentra aquella sociedad honrada, íntegra y limpia que clama por la verdadera justicia, por un necesario orden moral y por la memoria.

Ya está bien de admitir insultos y desprecios. Ser europeo no conlleva el precio de aguantar el escarnio y el insulto moral a través de una infamia pseudo jurídica. Es obligatorio ser conscientes de la necesidad de un Estado fuerte y soberano. Es indispensable tomar la iniciativa sin miedos ni complejos. Es cierto que las sentencias del TEDH son de obligado cumplimiento, pero no son “ejecutables”, por lo que España puede, y debe, rehuir la aplicación de semejante abyección. No se puede dar carta de naturaleza a la injusticia ni voz a quienes tratan de imponerla.

Como dijo Adolphe Thiers, político e historiador francés: “La injusticia es una madre jamás estéril: siempre produce hijos dignos de ella”.