El Gobierno pretende poner a un grupo de amiguetes a combatir la corrupción

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha sacado de la manga izquierda un anteproyecto de Ley de Integridad Pública con el que pretende combatir los delitos de corrupción política y económica en el ámbito público. Y ha previsto la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, «responsable de la coordinación, impulso y supervisión del sistema nacional anticorrupción y de integridad pública que comprende la prevención, la detección, la investigación y la sanción del fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que afecte a la Hacienda Pública estatal y a los intereses financieros de la Unión Europea». ¿Y qué es eso? se preguntarán ustedes.

Pues muy sencillo: una manera de saltarse a los jueces, que son quienes, en un Estado de Derecho, investigan los ilícitos penales relacionados con la corrupción. Cómo será la cosa que el CGPJ ya ha puesto grito en el cielo, al advertir que la cosa esa que pretende imponer el Gobierno presenta aspectos altamente inquietantes, entre ellas la «inexistencia de previsión alguna en relación con situaciones como las que podrían producirse en supuestos en que la actividad de la Agencia incidiera sobre funciones o materias que correspondan a la autoridad judicial, el ministerio fiscal y la policía judicial» o bien cuando «la autoridad judicial o el ministerio fiscal hubieran iniciado o iniciaren con posterioridad un procedimiento para determinar la relevancia penal de unos hechos que constituyen al mismo tiempo el objeto de actuaciones de investigación de la Agencia».

En suma, que Pedro Sánchez quiere crear una Agencia Independiente de Integridad Pública (lo de independiente provoca risa) presidida por alguien propuesto por el Ministerio de Hacienda (o sea, el Gobierno) y refrendado por el Congreso de los Diputados. Lo que busca, no hay que ser muy sagaz, es orillar a los jueces y, de ese modo, librar a su partido de la acción de la justicia. Están tan desesperados que ya no saben qué hacer.