La Fundación Francisco Franco le gana la batalla a Pedro Sánchez

El informe del Consejo General del Poder Judicial a la ley de Memoria Democrática del Gobierno de Pedro Sánchez puso límites al intento del Ejecutivo de acabar con la Fundación Francisco Franco. Cabe recordar que la norma fija como causa para extinguir las fundaciones «la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, por su condición de tales». Pues bien, desde un punto de vista estrictamente constitucional la pretensión del Gobierno socialcomunista suponía violentar de manera flagrante la expresión de ideas que, aunque puedan ser contrarias a los valores proclamados por la Constitución, están amparadas por la libertad de expresión, siempre, claro está, que no medie menosprecio o humillación a las víctimas del franquismo.

En suma, que lo que no tenía pase es que el Gobierno de Pedro Sánchez se atreviera a perseguir las ideas según encajen o no con su marco de pensamiento político. Podrá discreparse de la Fundación Francisco Franco, pero no ilegalizarla, y menos aún cuando los estatutos renovados de la fundación se adaptan a la norma del Ejecutivo. Se incurriría en una inconstitucionalidad manifiesta si por el mero reconocimiento a la figura del dictador Francisco Franco la fundación que lleva su nombre fuera prohibida. Si cualquiera puede expresar libremente sus ideas, no tiene sentido que declararse franquista sea motivo para la ilegalización de una fundación, porque la Constitución ampara la libre expresión de pensamiento, un derecho fundamental que Pedro Sánchez pretendió conculcar a través de esta ley marcada por el sectarismo ideológico.

Si se está con la libertad de expresión se está hasta sus últimas consecuencias, aunque se esté en oposición con determinadas ideas. Eso es la democracia. Sería un sarcasmo que la Ley de Memoria Democrática se empleara -es lo que pretendió el Gobierno- para socavar los cimientos de la propia democracia. Por fortuna, parece que el Gobierno ha rectificado. No le quedaba otra.