La Fiscalía debe impugnar las listas electorales separatistas

El descaro no conoce límites cuando se trata del prófugo Carles Puigdemont. No sólo vive como un marajá en Waterloo (Bélgica), lugar de derrota de aquellos líderes que se un día se creyeron invencibles, sino que ha colocado a su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas, como cabeza de lista de JxCAT por la circunscripción de Gerona. La intención del prófugo de la Justicia española, que además es cabeza de lista en las elecciones europeas por la antigua CiU, transmutada primero en Junts pel Sí (JxSí) y ahora en PDeCAT, es abonar los servicios de su letrado defensor con el dinero público que perciba como cargo público del Estado español.

Con esta nueva confabulación urdida por el expresidente de la Generalitat y cabecilla del golpe de Estado, que hace tiempo que mutó en parodia, Puigdemont aporta una nueva dosis de drama a una situación tan hilarante como ofensiva. Es inadmisible que el JxCAT permita que un imputado por un delito de rebelión y malversación de caudales públicos presentarse a eurodiputado el 26-M, pero más inaceptable es, si es que esto fuera posible, que tenga la insolente pretensión de abonar la minuta de su defensa con el dinero de todos los españoles. No cabe duda de que la candidatura de Alonso-Cuevillas por Gerona es otro de los esperpénticos capítulos del independentismo catalán.

Es una ofensa, otra más, que el JxCAT se presente a los próximos comicios liderada por candidatos prófugos y golpistas con el único fin de dinamitar la misma democracia de la que es partícipe. No obstante, y ante lo anteriormente expuesto, al sistema vigente aún le queda un as judicial bajo la manga. El Ministerio Público debería presentar un recurso ante la Sala 61 del Tribunal Supremo, competente en este asunto en virtud de la Ley de Partidos Políticos, e impugnar las listas electorales de JXCAT y ERC porque, a todas luces, parecen ser un instrumento del separatismo catalán para seguir adelante con la ruptura de España.