Esto es corrupción y tiene que investigarse

El gesto de Manuel Leira, hijo de Manuela Carmena, de apartarse en la primera fase de la adjudicación de 1,9 millones de euros para ejecutar el proyecto de la sede de Metro de Madrid para no perjudicar a sus socios y no erosionar la reputación de su madre, sólo ha sido un acto de cinismo que no tiene más objeto que el de disimular el recurrente nepotismo que caracteriza a la primera edil madrileña y tapar un proceso que está salpicado de irregularidades que atentan contra la legalidad vigente y el interés público. Dicho delito, el de la alteración de concursos y subastas públicas, está tipificado en el Artículo 262 del Código Penal y conlleva penas de inhabilitación especial para contratar con las Administraciones por un periodo de tres a cinco años a la empresa representada u otras sanciones más graves, como la suspensión de la actividad, si el magistrado del caso así lo considerase.

Pero es que, además de sobrevolar sobre el concurso un presunto delito de corrupción, el ademán de Leira ha sido desde el principio una total hipocresía. En primer lugar, porque el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), a cuya junta directiva ha pertenecido Leira hasta 2015, era el organismo encargado de gestionar la adjudicación para proyectar el Centro Integral de Transporte de la empresa pública. Una desfachatez, porque, además, sus socios en Nexo Arquitectura Ideación Diseño y Planificación, Iván Carbajosa y Lourdes Carretero, fueron los adjudicatarios de un trabajo donde el Ayuntamiento de Madrid, liderado en ese momento por la dirigente de Ahora Madrid, formaba parte del jurado. Y también, y para más inri, porque Leira ha constituido –junto a los socios anteriormente citados– una nueva sociedad, KWI MAD, que, paradójicamente, tiene la sede social en la misma dirección donde se desarrollan los trabajos arquitectónicos para Metro de Madrid.

Claramente, y así lo demostró Leira borrándose del concurso en la segunda fase, había un conflicto de intereses por la presencia del Consistorio y del COAM en el comité de evaluación que decidía los proyectos. No cabe duda de que Leira, tras el hecho revelado por este periódico, pone en entredicho, no sólo su propia honestidad, sino la transparencia de la que tiene que estar dotada cualquier adjudicación procedente de un ente público como Metro de Madrid. Leira no engaña a nadie, por ello, este proceso adjudicatario, que a todas luces encierra un caso de corrupción, tiene que ser investigado de inmediato por el Ministerio Fiscal.