Este ataque (y tantos otros) no pueden salir gratis

El Código Penal y las instituciones judiciales españolas deben ser inflexibles ante los ataques en las redes sociales como el que ha sufrido este martes Alicia Sánchez Camacho. Algún cobarde, escondido tras una identidad falsa, le ha dicho a través de Twitter que la «tendría que haber pillado la Manada». Hay que perseguir estos dislates hasta dar con los autores y que respondan ante la ley. En este caso en particular, por un lado frivoliza con un caso gravísimo en el que la Fiscalía pide 22 años y 10 meses de prisión para cada uno de los cinco hombres acusados de violar a una chica de 18 años durante los Sanfermines de 2016. Esa es «la Manada» que el tuitero desea a Alicia Sánchez-Camacho. 

Por el otro, y dadas esas mismas connotaciones, acosa y agrede con un tuit repleto de odio a la presidenta del Partido Popular en Cataluña.  Valga el caso de una cara conocida como Sánchez-Camacho para visibilizar un problema que se repite continuamente: la violencia exacerbada a través de las redes sociales. Plataformas esenciales para nuestra vida que, sin embargo, se han convertido en una especie de Far West por donde circulan con impunidad machistas, violentos y demás patulea que trata de convertirlas en fosas sépticas del rencor, la persecución y la ignominia. 

Por todo ello, resulta imprescindible que se refuerce el artículo 510 del Código Penal, que castiga los delitos de odio con penas que oscilan entre uno y cuatro años de cárcel. En ese sentido, el Tribunal Supremo ya sentó un precedente al condenar por primera vez a un individuo por enaltecer a la banda terrorista ETA y burlarse de víctimas como Miguel Ángel Blanco o Irene Villa. Así queda claro que no vale de nada parapetarse tras una identidad falsa e ir sembrado la vida digital —que es ya parte indisoluble de nuestra vida real— de mensajes que sólo fomentan e incitan los más bajos instintos y, en general, lo peor del ser humano.