Dos años después, juez Peinado, 2; Begoña Gómez, 0

La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de ratificar el juicio con jurado a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por los delitos de malversación y tráfico de influencias, pone fin, de facto, al proceso de instrucción llevado a cabo por el juez Peinado, al que avala en sus razones para enjuiciar a la esposa de Pedro Sánchez. Es cierto que la Audiencia de Madrid ha venido guiando la investigación del juez, a veces rechazando sus argumentos, otras reconduciendo sus pasos, pero al final lo que está claro es que el tribunal ratifica la opinión del magistrado de que hay motivos suficientes para sentar a Begoña Gómez en el banquillo.

Y eso, más allá de que se caigan dos de los delitos que le imputaba el juez -corrupción en los negocios y apropiación indebida- y que el tribunal ordene suspender las medidas cautelares, demuestra que la instrucción de Peinado no ha sido, en ningún caso, un malintencionado disparate, como viene sosteniendo la izquierda, sino que va a derivar en un hecho sin precedentes: que la mujer de un presidente del Gobierno va a ser juzgada por nueve ciudadanos que tendrán que determinar su horizonte penal.

Y los dos delitos por los que se sentará en el banquillo no son precisamente menores, sobre todo el de malversación, castigado con penas entre dos y seis años de prisión, pudiendo elevarse hasta 8 años por su especial gravedad. El de tráfico de influencias lleva aparejada una condena de hasta dos años, por lo que la esposa del presidente del Gobierno se enfrenta a un juicio crucial.

Han sido muchos meses de instrucción, con un juez instructor objeto de las iras del PSOE y sus terminales mediáticas. Pues bien, Peinado, pese a todo y en líneas generales, ha recibido el aval de la Audiencia Provincial de Madrid a su trabajo. De lo que cabe deducir que las iras de la izquierda y las acusaciones de «lawfare» del Gobierno de Sánchez se centrarán ahora en instancias superiores.