Un delincuente no puede ser eurodiputado

La Unión Europea no puede permitir que un delincuente como Carles Puigdemont ocupe un escaño en su Parlamento. Sería un desprecio intolerable a un país miembro tan importante como España. No obstante, y después del caso omiso de Bélgica a la euroorden que lanzó el magistrado Pablo Llarena, se puede esperar cualquier cosa. Gracias a la incomprensible inacción del país centroeuropeo, Puigdemont mantiene su derecho a concurrir a los diferentes comicios. Así ha sucedido en las autonómicas catalanas y así sucedería, si no cambia nada, en las próximas Elecciones Europeas que tendrán lugar a finales del mes de mayo de 2019, tras la ejecución total del Brexit. La presunción de inocencia se mantiene por encima de la imputación aunque esta venga derivada de delitos tan graves —y claros— como rebelión, sedición y malversación. Un exceso de garantismo que protege a huidos de la ley como el expresident y que daña la imagen de la propia Unión.

Por momentos, el gran proyecto continental ni es unión ni es nada. No dejaría de ser paradójico que la UE, galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2017, diera asilo en sus instituciones a un individuo que ha tratado de subvertir la legalidad vigente en España con un golpe de Estado. Especialmente cuando el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha dicho en repetidas ocasiones que nadie en Europa aceptaría una declaración unilateral de independencia. Por lo tanto, menos aún deberían aceptar a quien la promulga y la fomenta a través de ataques constantes a la ley. Este mismo miércoles, Puigdemont ha comparado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con Francisco Franco y Adolf Hitler. El proyecto europeo no puede permitirse a un persona así, por mucho que lo posibilite el limbo legal que ahora ocupa. Carles Puigdemont pretende seguir viviendo del dinero público a pesar de su desprecio confeso tanto por las instituciones españolas como por las europeas.

El expresident se ha convertido en un jarrón chino para los planes independentistas. Una vez que el bloque separatista cuenta con la mayoría de escaños en el Parlament, un huido de la justicia como él supone un freno para los planes secesionistas. Si permanece en Bélgica, su investidura es imposible. El Gobierno se querellaría contra Roger Torrent si intentara investirlo de forma telemática. Si tuviera la decencia y la valentía de volver —palabras sin significado para Puigdemont— iría directo a la cárcel. El exmandatario no puede seguir escondiéndose eternamente tras las faldas de Europa y su laxitud jurídica. La UE, por mucho que lo permitan las normas, no debe ni puede aceptar una nueva jugarreta de alguien que sólo entiende la ley para vulnerarla. El sitio de Puigdemont está frente al juez Llarena y no en un escaño del Parlamento Europeo. Paso previo para que pague de una vez por todas por poner en jaque el Estado de Derecho en España.