La crisis de Amanda y los sindicatos al timón

Dice muy poco de un sistema educativo avanzado y bien dotado en recursos como el balear (con un coste de unos 7.000 euros anuales por plaza) salir mal parado de las pruebas PISA, pero todavía dice menos la desidia de unos diputados autonómicos que desde que se conocieron los resultados en diciembre pasado no han sido capaces, no ya de dedicarle una sesión plenaria monográfica al tema, sino ni siquiera plantear una interpelación parlamentaria al actual consejero de Educación sobre cómo piensa revertir la situación heredada del octenio negro de Francina Armengol.

Sólo la portavoz de Vox, Idoia Ribas, planteó en sesión plenaria una pregunta sobre los resultados de PISA 2022 sin que haya tenido mayor trascendencia el asunto. En PISA 2022 la enseñanza estatal en Baleares quedó muy por debajo de lo obtenido hace cuatro años y muy por debajo también de los resultados obtenidos por la enseñanza privado-concertada. En matemáticas, 25 puntos por debajo, lo que lo que equivale a más de un curso de retraso; en comprensión lectora, 33 puntos de brecha, más de un curso y medio de retraso; en ciencias, 28 puntos menos, un curso y medio de retraso. Nada de eso importa a nuestra clase política ni tampoco a nuestra comunidad educativa, al menos a tenor del silencio estruendoso de sus representantes.

Y no será porque el consejero Toni Vera no esté dando la cara un martes sí y otro también, sometido al frenesí fiscalizador de quien esperaba ocupar su cargo si las cosas no se hubieran torcido el pasado 28 de mayo, la socialista Amanda Fernández. De todos los consejeros del Govern, Vera es sin duda el más interpelado y asaetado por las preguntas de la oposición, a cuenta sobre todo del timidísimo plan piloto voluntario de elección de lengua, el clavo ardiendo y la gran baza electoral a la que se agarra la izquierda política y mediática que han llegado a la conclusión de que sus posibilidades electorales en 2027 pasan por un levantamiento de las camisetas verdes a cuenta de la persecución del catalán.

En su afán por resucitar otro TIL al que todo lo fían, la prensa de papel no deja de denunciar a diario «discriminaciones» a los catalanohablantes mientras se hace eco en un gota a gota incesante del rechazo que provoca el plan piloto de libre elección en los institutos públicos pese a la certeza de que ninguno de los que protestan lo terminará aplicando al ser voluntario. Agit-prop en estado puro.

A la vista del escaso interés demostrado por lo que algunos todavía consideramos como lo verdaderamente nuclear en la enseñanza como es la adquisición de contenidos académicos (lo que evalúan las pruebas PISA, en definitiva), se diría que la clase política y los autoproclamados representantes de la comunidad educativa no tienen reparo en admitir el papel meramente asistencial de la educación formal que habría pasado a tener como principal misión el velar por la salud mental (psicólogos en todos los centros), emocional, alimentaria, afectivo-sexual y climática (patios convertidos en refugios climáticos) de nuestros institutos y colegios que, más que «centros» de enseñanza propiamente, se habrían convertido, en el mejor de los casos, en una especie de falansterios de convivencia.

El pasado martes la socialista Amanda Fernández presentaba en el pleno del parlamento balear una carta a los reyes magos con más de 15 propuestas de política educativa. Ninguna de ellas hacía referencia a los resultados de PISA 2022 ni en cómo revertirlos. Un día después y a propuesta de la misma Fernández el conseller de Educación comparecía en comisión para explicar la «crisis» de la consejería, el cambio de organigrama de la consejería acaecido recientemente y que tanto la diputada del PSOE como los sindicatos habían interpretado en clave lingüística, una supuesta estratagema organizativa dirigida a impulsar la temida «segregación» lingüística, viendo fantasmas donde no los hay.

Es tanta la teatralización de Fernández y sus compañeros de filas a cuenta del catalán, sumándose incluso a los separatistas más exaltados en sus exabruptos y reivindicaciones, que los diputados de Més temen ser sobrepasados en nacionalismo. Todo el mundo está perplejo ante la farsa de un PSOE que ahora se opone a toda vehicularidad del castellano cuando, hace apenas dos años, estuvo a punto de incluirla en la ley de educación balear y que si no lo hicieron fue debido a las amenazas de última hora de Més.

Por cierto, durante la larga comparecencia de más de dos horas en comisión del conseller Toni Vera, lo dicho, ni una palabra al respecto de los resultados PISA 2022.

Sindicatos al timón

Quienes en su día sí dieron alguna explicación por los malos resultados de PISA 2022 fueron los sindicatos docentes que de alguna manera se sintieron obligados a darla. Ninguna asunción de responsabilidades, por supuesto, sólo pretextos de mal pagador ante las «evidentes limitaciones» de las pruebas PISA que, en su estrechez de miras, sólo evaluaría conocimientos académicos -propios de un enfoque elitista, antiguo y neoliberal de la enseñanza al servicio del capitalismo y las fuerzas del mercado- y no otros aspectos educativos tanto o más importantes como son, en la opinión de los sindicatos, la integración de los alumnos inmigrantes y peninsulares, la lucha por la equidad entre nativos e inmigrantes, el bienestar emocional del alumnado, la cooperación entre alumnos, la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, la cohesión social, la salvación de la lengua catalana o la formación de un verdadero espíritu ciudadano, o lo que es lo mismo, la aceptación acrítica de todos los presupuestos progresistas que, naturalmente, no son «doctrina» sino «ciencia».

Es cierto que han quedado atrás los tiempos en los que el todopoderoso STEI ejercía de sindicato vertical y dominaba la consejería con mano de hierro. El conseller se limitaba a ejercer de comparsa y a no molestar al STEI por miedo a una huelga de maestros. Hace diez años, el movimiento de las camisetas verdes contra el TIL resquebrajó la hegemonía del STEI, que fue acusado de confabulación y complicidad con el poder político al priorizar sus exclusivos intereses como sindicato a los de sus representados, lo que dio paso a una mayor fragmentación sindical.

En los últimos comicios sindicales celebrados en diciembre de 2022, el STEI bajó por primera vez del 30% de los sufragios y la abstención alcanzó el 57%, lo que indica que cada vez menos profesores se sienten representados por las fuerzas sindicales. Con la última estabilización de los interinos llevada a cabo por el conseller Martí March, los sindicatos van a perder más representatividad todavía puesto que la mayoría de sus bases eran interinos que han dejado de serlo, razón de peso por la que siempre han priorizado las demandas de los interinos frente a las de los funcionarios que se han sacado una oposición, como ha quedado de nuevo demostrado este curso en el reparto de plazas.

Pese a su evidente pérdida de influencia y representatividad entre los docentes que han visto empeorar sus condiciones laborales bajo el mandato de Martí March sin que sus representantes sindicales se hayan atrevido a levantar la voz, los sindicatos docentes siguen ostentando un enorme poder a la hora de condicionar la acción ejecutiva del conseller. Hemos normalizado que los sindicatos docentes tengan voz y voto a la hora de influir en la política educativa, organizativa o lingüística del Govern, funciones que no les atañen en absoluto y que no figuran, desde luego, entre las atribuciones que por ley les corresponden. Hemos normalizado que los sindicatos sean un agente político primordial en educación y acaben opinando e influyendo sobre todas las cosas, desde un mero cambio de estructura de la consejería que en nada les afecta hasta la “imposición ilegal” del castellano en la cámara balear, como señalaba el STEI hace una semana. Desde decidir en qué y cómo se tienen que gastar los presupuestos dedicados a Educación hasta decidir, tras varios años sin decir ni mu, sobre la continuidad de un centro de formación de directores (CIFRDE) que hasta ahora venía dirigiendo Manel Perelló, uno de los asesores áulicos de March.

Lo llamativo no es que opinen, lo llamativo es que tanto el conseller Vera como los propios directores de primaria y secundaria, nada menos, den por hecho que los sindicatos son interlocutores válidos sin el favor de los cuales no se puede tomar ninguna decisión en política educativa.

Los representantes sindicales de Baleares se organizan en torno a una Mesa Sectorial de Educación y tres Juntas de Personal Docente no universitario, una para cada isla. La Mesa Sectorial se concibe como un órgano de «participación, información y consulta» en la que participa, voluntariamente, el propio consejero de Educación. Las Juntas de Personal Docente se conciben también como órganos de «representación y participación».

Pues bien, ni la ley 1/2022 de educación balear de 2022 a la que se opusieron por cierto PP y VOX, ni el decreto 45/2022 por el que se regula la Mesa Sectorial de Educación, ni tampoco el Estatuto del Empleado Público atribuyen a la Mesa Sectorial ninguna competencia negociadora o participativa de orden político. Otro tanto puede decirse de las Juntas de Personal Docente. No figuran entre sus funciones ni la negociación de la política educativa ni la de política lingüística ni tampoco por supuesto la organizativa, competencias que atañen en exclusiva al Govern que se debe al mandato democrático expresado en las urnas. La Mesa Sectorial de Educación, el foro de «participación, información y consulta» más importante, ni siquiera está en condiciones de tomar decisiones que sean vinculantes para el consejero de Educación.

Ello no es óbice para que estos sindicatos docentes que, como vemos, se ponen toda la normativa por montera prosigan invocando una Ley que ellos mismos pisotean al extralimitarse en sus funciones. Difaman a diputados que no son de su agrado, criminalizan y difaman a las formaciones que no hacen lo que ellos quieren, amenazan con movilizaciones si el Govern no cambia el rumbo de su política lingüística, reclaman la clausura de un centro de profesores porque creen que el dinero debe dedicarse a otros menesteres. En realidad, junto a la FAPA de Cristina Conti, estos sindicatos se erigen en la principal oposición a las políticas del Govern de centroderecha. La oposición real al Govern no es la que ejerce Amanda Fernández por mucho que grite, gesticule y se enfade: la oposición real son la que ejercen los autoproclamados representantes de la comunidad educativa que, dicho sea de paso, apenas la representan en una minoría.

A ningún sindicato de cualquier otro sector que no sea el docente, pongamos por ejemplo el sanitario, se le ocurriría ir más allá de sus atribuciones legales. Atribuciones que se limitan a la negociación colectiva y a velar por las condiciones sociolaborales de sus representados. Algo tendrá que ver todo esto con el hecho de que los avances en salarios, prestigio profesional y condiciones laborales, como lo demuestra la humillante carrera profesional suscrita con Martí March, no estén a la altura de los logrados por otros sectores de la función pública. Cada sindicato tiene sus propias prioridades y está claro cuáles son las de nuestros sindicatos docentes.