Corrupción institucionalizada en Aragón

La cúpula del Gobierno de Aragón institucionalizó la corrupción durante el mandato de Marcelino Iglesias. El expresidente, que dirigió la comunidad de 1999 a 2011, recibió dinero y joyas procedentes de Acciona en la Navidad de 2005. Una dinámica de la que también se aprovecharon el vicepresidente, José Ángel Biel, el director de gabinete de Presidencia, Pascual Antillach, y el consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, Javier Velasco Rodríguez. En la interminable lista de cargos públicos implicados aparecen otros ínclitos componentes como el ex alcalde de la capital, Juan Alberto Belloch, la ex consejera de Educación, Eva Almunia, o el ex viceconsejero de Obras Públicas, Carlos Escó. Según el sumario del caso Plaza (Plataforma Logística de Zaragoza), la constructora sobornó a todos ellos para conseguir más concursos con las instituciones aragonesas. Un caso donde el juez establece posibles delitos económicos, de blanqueo, prevaricación, fraude… y que supone el mayor escándalo de corrupción en la historia de Aragón. Prueba palmaria de que la utilización del cargo público como medio para obtener beneficios propios era una constante en el Ejecutivo regional de la época.

La información que les cuenta en exclusiva OKDIARIO aparece en un momento muy delicado para la imagen general del Partido Socialista. Acuciado por el sorpasso de Podemos y por los malos resultados que le auguran las encuestas de cara al próximo 26 de junio, este caso supone otro obstáculo más para un secretario general, Pedro Sánchez, que ha hecho de la limpieza y la honradez uno de sus principales leitmotiv en los mítines de campaña. Lo cierto es que la mancha de corrupción dejada por el Gobierno de Marcelino Iglesias se extiende desde el pasado para colonizar el presente. Tal y como les contamos en este mismo medio, la Administración dirigida por Iglesias adjudicó en 2011 un megacontrato de 575 millones de euros a una UTE participada por Sumelzo SA, constructora dirigida por el padre y el hermano de la diputada nacional del PSOE Susana Sumelzo Jordán. Si a esto le unimos los 150 millones de euros en sobrecostes del caso Plaza, no cabe duda de que la gestión de Iglesias fue una ruina económica, ética y moral para los todos ciudadanos aragoneses.