Ciudadanos confunde el disparo
Si Ciudadanos se decidiese finalmente a plantear una moción de censura, en conjunto con Podemos y PSOE, contra el PP murciano por la reciente imputación de su actual presidente, Pedro Antonio Sánchez, la formación naranja habría ahondado un poco más en el camino de su desaparición y los populares, a buen seguro, obtendrían mayoría absoluta en la próxima convocatoria. El coste político para la formación naranja —que pondría en manos de la extrema izquierda el gobierno de la región— sería inasumible para sus cada vez más escasos votantes. Por mucho que nos empeñemos, y aunque quejarse y protestar sea el deporte nacional, la verdad nos incomoda hasta tal extremo que tenemos el detalle de penalizar electoralmente a todo aquel que se atreva a revelarla. Al fin y al cabo, ¿qué pesaría más entre sus electores: el hecho de apartar a un político presuntamente corrupto del ejercicio del poder o que con cargo a dicha decisión accediesen al mismo formaciones pertenecientes al polo ideológico más opuesto a su pretendido liberalismo?
Para todos los que pensaban que la llegada de nuevas formaciones conseguiría modificar los patrones de comportamiento político debe ser frustrante comprobar en la praxis cómo no sirve absolutamente de nada que entren nuevos actores en escena si todos continúan jugando de acuerdo a las mismas reglas antiguas e ineficaces. Y una vez más se confirma en Murcia donde —no sé si por interés o por ingenuidad— Ciudadanos ha decidido asumir el juego sucio del PSOE, obsesionado desde hace tiempo con la cabeza del titular de la presidencia. Tanto es así que de las primeras e implacables amenazas de Rivera —condicionando a la dimisión del barón popular la supervivencia de su apoyo de gobierno en la comunidad— han pasado casi sin poder (ni querer) evitarlo a una estrategia de perfil bajo que adolece incluso de reacciones mediáticas tras enterarse de que el fiscal inicialmente vinculado al proceso judicial ha sido “purgado”. Sólo les queda el recurso de súplica de una dimisión voluntaria que no va a llegar. En pura teoría política se confirma que, hagan lo que hagan, quien tiene el verdadero problema en esta crisis institucional es Ciudadanos y no el PP.
Con el proyecto de Ley Anticorrupción de Ciudadanos sobre la mesa, PP y PSOE no podrán indultar a altos cargos condenados, pero solamente estarían obligados a expulsar de sus funciones a aquellos que hubieran sido condenados —no imputados— en sede judicial. Y, sin embargo, en el acuerdo para la gobernabilidad de la región murciana, la exigencia se fijó en el hecho mismo de imputación judicial, eso sí… sin hacer mención alguna a la naturaleza de la misma. Por eso, y en un alarde de adaptabilidad lingüístico-jurídica al entorno —tan propio de la especie política— y de picaresca nada despreciable, Pedro Antonio Sánchez ha confeccionado un argumento que complica todavía más la existencia a los naranjas: en el Caso Auditorio no se juzga corrupción sino una irregularidad administrativa, que no es lo mismo.
Excusas hay muchas, las que quieran. Artificios y estratagemas, también. Y luego está, sencillamente, la impasible dictadura de los hechos. Y frente a estos, como ven, da lo mismo que actúen dos partidos o cuatro. Los pactos no siempre atenderán a las prioridades de la sociedad, ni de la comunidad autónoma, sino al sesgo político de quienes pactan —inevitablemente encajados en partidos— a sus intereses personales y al coste probable de las decisiones que toman en base a la estimación de futuros resultados electorales. Por eso, entiendan que con independencia de las buenas intenciones y de que quien sea apartado de la escena política lo haga en fase de instrucción —imputado— o en fase de juicio oral —condenado— el debate me parezca ridículo. Una vez más, desvía la atención de los asuntos centrales: del modelo agotado, de las decisiones usurpadas por el Estado a los individuos, del hecho de que insistiendo en patrones equivocados, la única verdad es que perdemos los de siempre sean cuantos sean los que compitan y gane quien gane las elecciones.
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