Bienvenidos al ‘far west’
Cataluña se parece cada vez más al ‘far west’. A pesar de que Salvador Illa ha asegurado, en varias ocasiones, que «qui la fa, la paga». Versión autóctona de «el que la hace, la paga». Frase que ha repetido varias veces en el Parlament sin que haya surtido el menor efecto disuasorio entre cacos y criminales.
El pasado miércoles mataron a sangre fría, de un disparo en la cabeza, a un transeúnte en la calle Balmes. En pleno centro de Barcelona. Zona bien, porque es ya el distrito de Sarrià-Sant Gervasi.
Para más inri, delante de una comisaría de la Policía Nacional. Donde hacen DNI y otros menesteres. Porque, como saben, sus competencias están muy mermadas. Además, durante la visita del Papa. En teoría, la capital catalana era una ciudad blindada.
A falta de la detención del autor del crimen, que no creo que tarde, puesto que hay imágenes y encontraron el arma del crimen, lo han atribuido a una guerra entre bandas.
Por la tarde, un joven armado con dos cuchillos sembró el pánico en el Paralelo tras herir a un joven y amenazar a otros peatones. Al final, fue reducido por la Guardia Urbana.
El alcalde Collboni, que siempre ha sido un happyflower para estas cosas, ha pedido endurecer las penas por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.
Hasta ahora teníamos el récord de okupaciones –el 42% de toda España–, de plantaciones de marihuana e incluso de fiestas rave. Sin embargo, se han popularizado otros delitos como los tiroteos y los apuñalamientos. De los primeros, se produce uno cada cuatro días.
Sin olvidar tampoco las agresiones sexuales. No es que los catalanes fuéramos un trozo de pan, pero algunas de estas nuevas fechorías parecen importadas. Lo de pelearse a machetazos no era una tradición muy propia, la verdad.
Otro efecto de la inmigración en la inseguridad ciudadana. Aunque, por supuesto, también haya delincuentes blancos y de clase alta. Como aquel abogado de Valencia detenido en el 2023 por asesinar a su pareja.
Sin embargo, los números no pueden ocultarse. Los primeros en denunciarlo fueron los de Vox en el 2021. Entonces Aliança ni siquiera había irrumpido en el hemiciclo.
Ignacio Garriga colgó en X, entonces Twitter, cifras según las cuales más del 50% de los internos en las cárceles eran extranjeros. En Brians 1, de 1.068 reclusos, solo 416 eran españoles. Y en Quatre Camins, de 1.018; 568. Así sucesivamente con diferentes porcentajes en los distintos centros penitenciarios.
Lo bueno es que eran datos oficiales de la propia Generalitat conseguidos a través de una respuesta parlamentaria con contestación por escrito. La consejera de Justicia en esta época era Lourdes Ciuró, de Junts.
A ello, se añadieron estadísticas de la Guardia Urbana, estas de agosto del 2022. Admitían por lo bajini que de hurtos en la vía pública, el 88% había sido cometido por extranjeros.
Pese a que, en esa época, en cuanto sacaban el tema, les retiraban la palabra en la cámara autonómica con la excusa de que no se puede vincular inmigración con inseguridad. Yo he visto cortar a Laura Borràs, Alba Vergés, Anna Erra y Josep Rull cortarles el micro. Y eso que, durante el proceso, aseguraban que se tenía que poder hablar de todo.
Por eso la advertencia de Salvador Illa suena a hueca. No atemoriza ya a nadie. La izquierda siempre ha tenido un problema con la autoridad y el orden público. Por eso sus antiguos votantes –que viven en barrios populares, no en Galapapagar– se pasan en masa a la derecha, a la derecha dura e incluso a la extrema derecha. Aquí y en toda Europa.
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