Tres de cada cuatro presas españolas no cuentan con planes de emergencia ante posibles roturas

• Antonio Quilis @AntonioQuilis
• Periodista especializado en información medioambiental desde hace más de 20 años y ahora director de OKGREEN en OKDIARIO. Anteriormente director de El Mundo Ecológico. Colaborador en temas de medioambiente, ecología y sostenibilidad en Cadena Ser.
• • 22/10/2025 12:12
  • Actualizado: 22/10/2025 12:12

Nuestro país vive una crisis en sus infraestructuras hidráulicas que amenaza la seguridad de miles de ciudadanos, según alertan un grupo de expertos que han mostrado su preocupación por el deterioro del parque de presas españolas que, según afirman, ha alcanzado niveles alarmantes y requiere actuación inmediata del Estado.

Los expertos, reunidos en la jornada Seguridad de las presas españolas: una prioridad inaplazable, han lanzado este mensaje en el que demandan una actuación inmediata del Estado. Un dato que viene a confirmar lo ya publicado por OKGREEN el pasado 1 de octubre en el que se alertaba de esta situación.

Unas infraestructuras muy antiguas

Entre las causas de estos problemas está la antigüedad de las infraestructuras y la ausencia de protocolos de emergencia conforman una tormenta perfecta que podría desencadenar tragedias evitables. Estas conclusiones se dan a conocer a pocos días del aniversario de las trágicas inundaciones provocadas por la DANA en Valencia.

Los datos presentados por la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en el Instituto de la Ingeniería de España dibujan un panorama preocupante. De las 375 grandes presas españolas de titularidad estatal, el 75,7% carece de planes de emergencia implantados. Estas conclusiones afecta a millones de personas viven bajo la amenaza de estas infraestructuras sin sistemas de aviso ni protocolos activos que puedan salvar vidas en caso de colapso, según explican.

Un tercio requiere refuerzos urgentes

Una de cada tres presas estatales necesita refuerzos estructurales urgentes, el 65% requiere renovar sus sistemas de vigilancia y auscultación, y el 50% debe rehabilitar los desagües de fondo. Estas carencias representan puntos críticos que pueden determinar la diferencia entre la seguridad y la catástrofe cuando llegan fenómenos meteorológicos extremos como las DANA que golpean con mayor frecuencia el territorio español.

María Cruz Díaz, presidenta del Instituto de la Ingeniería, y José Trigueros, presidente de la Asociación Caminos, coincidieron en que la gestión de la seguridad de las presas españolas «es un asunto de Estado, no una competencia sectorial». Trigueros recordó que este servicio «debe considerarse esencial, continuo y uniforme, que no puede verse afectado por los ciclos presupuestarios ni por la falta de personal técnico».

Forata: el símbolo del abandono

El caso más emblemático resaltado en la jornada es el de la presa de Forata, en Valencia, que depende de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Durante la DANA de octubre de 2024, esta infraestructura estuvo al borde del colapso total. Un fallo estructural habría liberado una avenida de 20.000 metros cúbicos por segundo, afectando gravemente a más de 110.000 habitantes en municipios como Turís, Montroi, Real de Montroy, Carlet o Algemesí. En la reunión se recordó que en este caso no se emitió ninguna alerta.

A día de hoy, Forata sigue sin sirenas, sin señalización de evacuación y sin protocolos activos de seguridad. «El caso simboliza la vulnerabilidad del sistema», explicó Jesús Contreras, vocal de la Asociación Caminos. El ingeniero citó otras presas con deficiencias, como la del Tejo en Segovia —que amenaza poblaciones de Cercedilla—, y las de Arenós y María Cristina en Castellón.

Problema institucional grave

El envejecimiento del parque agrava la situación. La edad media alcanza los 50 años, más de 600 presas superan el medio siglo y un centenar tiene más de un siglo de antigüedad. Este deterioro exige actuaciones constantes de mantenimiento que hoy no se realizan con la intensidad necesaria. La inversión pública en infraestructuras hidráulicas se ha reducido un 57% en la última década.

«El problema no es sólo técnico, es institucional», denunció Contreras. «No existe un organismo independiente con autoridad y recursos para garantizar la seguridad de las presas públicas». Las confederaciones hidrográficas son titulares y responsables de supervisar la seguridad de las presas españolas, lo que impide un control realmente independiente.

Normativa deficiente y ambigua

La normativa vigente tampoco ayuda a resolver el problema. El Real Decreto 264/2021, elaborado tras 15 años de trabajos, presenta deficiencias graves. En el 95% de las presas, la norma solo constituye un «marco de referencia» sin carácter vinculante. En la práctica, únicamente se aplica con rigor a las de nueva construcción, dejando fuera a la mayoría del parque existente.

Además, omite aspectos esenciales como el impacto del cambio climático, siendo el riesgo hidrológico la principal causa de rotura de presas en el mundo. Los expertos coinciden en que esta normativa supone un retroceso en la protección de infraestructuras críticas y no responde a las necesidades del parque hidráulico español.

El riesgo cero no existe

El profesor Francisco Bueno, de la Universidad de Burgos, recordó la importancia de la cultura preventiva: «El riesgo cero no existe, pero la falta de mantenimiento y la pérdida de conocimiento técnico son el mayor riesgo de todos». Sus palabras cobraron especial significado cuando María Jesús Otero, superviviente de la tragedia de Ribadelago de 1959, reclamó memoria.

«Entonces nadie nos avisó. Hoy todavía hay lugares donde tampoco habría aviso. No podemos repetir la historia», declaró Otero con voz firme. Su testimonio sirvió de recordatorio sobre las consecuencias humanas de la negligencia. La catástrofe de Ribadelago causó 144 víctimas mortales por la rotura de la presa de Vega de Tera.

Soluciones sobre la mesa

La jornada concluyó con el Manifiesto por la seguridad de las presas. Entre las medidas urgentes destaca la creación de un Consejo de Seguridad de Presas, organismo técnico independiente con autoridad administrativa suprema. También se reclama la reinstauración del antiguo Servicio de Vigilancia de Presas, con personal cualificado y recursos suficientes.

Otras propuestas incluyen incrementar sustancialmente la inversión en mantenimiento y modernización, implantar los planes de emergencia pendientes en todas las presas estatales, actualizar la normativa con criterios vinculantes que incorporen el cambio climático, y establecer una moratoria en la demolición de presas sin estudios técnicos rigurosos. El manifiesto exige recuperar el liderazgo técnico.

Un llamamiento urgente

José Trigueros cerró el acto con un mensaje claro declarando que «las presas son infraestructuras críticas para la seguridad, la energía y el medioambiente. No se trata de conservarlas por nostalgia, sino de garantizar la vida de todos».

Con más de un millón de personas en zonas de riesgo grave en el litoral mediterráneo, y el 40% de las presas clasificadas como Categoría A (cuya rotura afectaría gravemente a núcleos urbanos), el margen para la inacción se ha agotado. Los expertos subrayan que invertir en las presas españolas no es sólo una cuestión técnica o presupuestaria, es una obligación moral.