La costa española suspende su examen climático: 246 millones desperdiciados en arena y reparar paseos
El 13,1% del litoral está urbanizado y ocho borrascas encadenadas arrasaron la costa este invierno
Asturias es la costa con mayor riesgo de inundación del norte peninsular pese a sus acantilados
Hasta 22 metros menos de costa: el mapa de las playas españolas que desaparecerán en el año 2050
La costa española ha necesitado este año 246 millones de euros para reponer arena artificial y reparar paseos marítimos destrozados por los temporales. Más de un centenar de playas han pasado por el quirófano antes de la temporada turística, en una operación que el mar volverá a deshacer con la próxima tormenta.
Para poder hacerse una idea esta cifra triplica la inversión anual que el Estado destina a proteger todo el litoral y equivale, por ejemplo, a construir 30 colegios nuevos. Un gasto que se repite cada año y que, sin embargo, no ha frenado la desaparición progresiva de las playas.
Casi 200 puntos críticos
Son los datos del informe Destrucción a Toda Costa 2026, presentado este jueves por Greenpeace, que radiografía el estado de los más de 7.900 kilómetros de litoral español. El documento identifica cerca de 200 puntos en estado de emergencia por el efecto barrera de puertos y presas, la subida del nivel del mar y unos temporales cada vez más violentos.
El diagnóstico de fondo es urbanístico. En los últimos 30 años, la superficie urbanizada en la costa se ha duplicado hasta alcanzar el 13,1% del litoral, una cifra que contrasta con el 2% del interior del país. El hormigón ha convertido playas y humedales en infraestructuras rígidas incapaces de moverse.
La presión es muy desigual. La Comunidad Valenciana tiene urbanizado el 51% de su costa, seguida de Cataluña (44%) y Andalucía (36%), mientras Murcia y el País Vasco alcanzan el 28% y Baleares el 27%. Hay casos extremos como Finestrat (Alicante), con el 100% de sus primeros 500 metros de costa ocupados, o Fuengirola y Marbella, con el 95% y el 90%.
Efectos del temporal de viento y olas en el paseo marítimo de Zarautz (País Vasco). (Foto: Greenpeace).
Ocho borrascas seguidas
Desde el informe se destaca que el invierno funcionó como un examen final. Entre el 16 de enero y el 17 de febrero, ocho borrascas con nombre propio (Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta, Nils y Oriana) castigaron prácticamente todo el litoral con precipitaciones excepcionales y temporales marítimos encadenados.
El grupo científico World Weather Attribution confirmó después que el cambio climático aumentó la intensidad de aquellos temporales en un 11%. No fue un invierno anómalo, sino el anticipo de lo que la ciencia lleva años proyectando para el litoral español.
El resultado fue demoledor. Los muros y los paseos marítimos, lejos de proteger, actuaron como amplificadores del desastre: al chocar las olas contra el hormigón, la energía rebota con más fuerza y arranca la arena con mayor agresividad. Hubo casas inundadas en Valencia, paseos hundidos en Gijón y San Sebastián y desprendimientos en los acantilados de Tenerife.
Factura desigual
El reparto del gasto dibuja un mapa muy escorado. La Comunidad Valenciana se ha llevado el 70% de los 246 millones (170,7 millones) y Andalucía casi el 20% (48,3 millones). El 10% restante se reparte entre las otras ocho regiones costeras del país.
«Quienes señalan a la Ley de Costas como una sentencia de muerte para los municipios deben comprender que la verdadera sentencia se firmó el día que decidimos, erróneamente, que el cemento era más fuerte que el oleaje», declara María José Caballero, responsable de la campaña de Costas de la organización.
Añade que aferrarse a una costa que ya no existe «no es proteger la economía, es financiar un naufragio anunciado». El Ministerio para la Transición Ecológica declaró obras de emergencia en marzo y, a finales de mayo, el Consejo de Ministros activó el Fondo de Contingencia con 54,3 millones de euros.
Asturias, la más expuesta
El norte tampoco se libra. Pese a una geomorfología abrupta de acantilados y rasas costeras que actúan como barrera natural, Asturias es la costa con mayor riesgo de inundación de todo el norte peninsular, según el informe. La subida del nivel del mar y las ciclogénesis explosivas erosionan de forma sistemática sus puntos más bajos y urbanizados.
El tren de borrascas obligó a las administraciones asturianas a asumir más de un millón de euros en reparaciones. El hundimiento parcial del muro y el paseo de San Lorenzo, en Gijón, costó 450.000 euros; los daños del paseo de Santa Marina, en Ribadesella, superaron los 300.000, y Salinas (Castrillón) sumó entre 120.000 y 200.000 más.
A eso se añade la contaminación. El informe habla de «graves episodios» por un saneamiento insuficiente, sobre todo en verano, en zonas como Avilés, Bañugues, Navia o Villaviciosa. Y advierte de la expansión del plumero de la pampa en el sistema dunar del Espartal (Castrillón), la ría de Villaviciosa o parcelas abandonadas del Cabo Peñas (Gozón).
Un mar en peligro extremo
El daño no es sólo geográfico. El Mediterráneo se calienta un 20% más rápido que la media global, lo que provoca la pérdida masiva de praderas de posidonia y corales, precisamente los ecosistemas que amortiguan el oleaje y sirven de refugio a las especies pesqueras.
El calentamiento reduce el oxígeno del agua y acelera el metabolismo de los peces: unas 3.000 especies están reduciendo su tamaño corporal. En el Cantábrico afecta a la merluza, el pixín, el chicharro o el bocarte, y empuja al bonito del norte y a la xarda a desplazar sus rutas migratorias.
El marisqueo es el otro gran damnificado. Las lluvias torrenciales provocan caídas bruscas de salinidad que matan almejas y berberechos, con episodios de hasta el 95% de mortalidad de bivalvos en zonas de la ría de Noia. En Canarias, una pandemia ha diezmado al 99,7% de los erizos Diadema.
Playa de Santander: el mar se traga el paseo marítimo. (Foto: Greenpeace).
Empleo en juego
La degradación ecológica tiene una traducción social inmediata. Según la Oficina C del Congreso, el 70,5% del PIB turístico y el 62% del empleo del turismo español se concentran en destinos de sol y playa. Sin playa, ese modelo se queda sin producto.
Los modelos de simulación económica estiman que por cada metro de playa seca que desaparece, la ocupación hotelera cae entre un 1% y un 1,5%. En destinos masificados como la Costa del Sol o la costa de Cádiz, ese único metro equivale a poner en riesgo entre 300 y 500 puestos de trabajo.
Las proyecciones para 2050 apuntan a una pérdida de entre 5 y 25 metros de ancho de playa. En el peor escenario, comunidades como Andalucía o la Comunidad Valenciana perderían más de 2.500 empleos directos en cada una de sus provincias costeras.
Puntos negros del litoral
Entre los enclaves más críticos, el informe sitúa en primer lugar el Delta del Ebro (Tarragona). Los embalses retienen más del 95% de los sedimentos del río y la subsidencia hunde el terreno: los modelos estiman que cerca de la mitad del delta podría quedar sumergida o gravemente erosionada a lo largo del siglo.
Le siguen las playas de la Restinga de la Albufera (Valencia), que retroceden una media de siete metros al año por el efecto sombra del dique norte del Puerto de Valencia, y la costa de Doñana (Huelva), cuya barrera de arena ha perdido una media de 80 metros en varios tramos.
La lista continúa con La Manga del Mar Menor, Camposoto (Cádiz), Maspalomas, el norte de Tenerife, el litoral sur de Castellón y Carvajal (Fuengirola), que habrá perdido el 74% de su anchura en 2050. En Cantabria, el Puntal de Laredo se convertirá en una isla en los próximos 20 años y Somo se sitúa en «riesgo extremo».
Paradoja normativa
Mientras se aprueban planes de emergencia, avanzan los intentos de rebajar la protección legal. El informe denuncia ataques a la Ley de Costas por parte de todas las comunidades autónomas salvo Asturias, con propuestas para excluir edificaciones del dominio público marítimo-terrestre y frenar deslindes y demoliciones.
La paradoja es que España afronta un procedimiento de infracción de la Comisión Europea por esa misma ley: Bruselas considera que las prórrogas automáticas de concesiones vulneran la Directiva de Servicios, lo que ha obligado al Gobierno a reformar con urgencia el Reglamento General de Costas.
En paralelo, en marzo el Tribunal Constitucional suspendió artículos de la ley de costas valenciana que pretendía eludir los deslindes estatales. Ni el mar ni el cambio climático van a respetar las excepciones administrativas, resume el documento.
Estado de la costa en las Baleares tras un evento meteorológico extremo. (Foto: Greenpeace).
Soluciones naturales
Frente a ese modelo, la organización defiende dos pilares: las Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) y el retranqueo estratégico de la primera línea. Restaurar dunas y marismas es más barato y devuelve al litoral la flexibilidad que necesita para amortiguar los temporales.
El informe recoge cerca de 50 ejemplos que ya funcionan. En Berria (Santoña) se desmanteló un camping sobre la duna y el sistema absorbió los temporales sin gastar un euro en arena artificial. Calafell y Vila-seca retiraron tramos de paseo y carretera, y en l’Auir (Gandía) se renaturalizan 24 hectáreas.
Asturias aporta uno de los casos de éxito más claros. La restauración biológica de las dunas de Verdicio (Gozón) se refuerza este año con un plan contra el pisoteo, y el conjunto dunar de Los Quebrantos y Bayas registra una recuperación continua confirmada por geólogos de la Universidad de Oviedo.
Adaptarse o pagar
La cuenta sale. La Unión Europea calcula que cada 1.000 millones de euros invertidos en adaptación puede reducir en 14.000 millones los daños anuales por inundaciones costeras, que sin medidas podrían dispararse desde los 1.250 millones actuales hasta cientos de miles de millones a final de siglo.
«La costa española se encuentra en una encrucijada», concluye Caballero. «Estamos a tiempo de que la determinación y la valentía política salven la costa y devuelvan el espacio a un mar que, sencillamente, no entiende de títulos de propiedad».
