El Seprona investiga la muerte de una cría de águila perdicera al levantar una casa ilegal cerca del nido

• Antonio Quilis @AntonioQuilis
• Periodista especializado en información medioambiental desde hace más de 20 años y ahora director de OKGREEN en OKDIARIO. Anteriormente director de El Mundo Ecológico. Colaborador en temas de medioambiente, ecología y sostenibilidad en Cadena Ser.
• • 30/07/2026 11:29
  • Actualizado: 30/07/2026 11:29

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) está investigando a dos personas como presuntas autoras de un delito contra la ordenación del territorio y otro contra la flora y la fauna por construir una vivienda a escasa distancia de un nido de águila perdicera en el término municipal cordobés de Adamuz. En el interior de ese nido apareció muerta una cría de esta rapaz protegida.

Según ha informado la Benemérita, las actuaciones se han desarrollado en el marco de la operación Fasciata, denominación tomada del nombre científico de la especie afectada, Aquila fasciata. El caso ha sido instruido por el Seprona de la Comandancia de Córdoba.

Aviso de la Fiscalía

La investigación no arrancó por una denuncia vecinal ni por un hallazgo casual durante una patrulla. El punto de partida fue un requerimiento de la Fiscalía de Córdoba, a través de su Sección de Medio Ambiente y Urbanismo, que trasladó al SEPRONA un paquete de documentación para su análisis.

Ese material había sido elaborado previamente por Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, el cuerpo que ejerce la vigilancia ordinaria del medio natural andaluz. En sus informes se alertaba de la ejecución de unas obras de edificación en las proximidades de un nido de águila perdicera.

El dato más grave figuraba en esa misma documentación: en el interior del nido apareció muerto un pollo de la especie. A partir de ahí, la Guardia Civil abrió una línea de trabajo que debía aclarar dos cuestiones distintas pero conectadas: si las obras eran legales y si habían provocado la muerte del ejemplar.

Obras sin licencia

Los agentes practicaron la inspección material de las obras sobre el terreno y, en paralelo, solicitaron información al Ayuntamiento de Adamuz y al resto de organismos implicados en la tramitación. El objetivo era reconstruir el expediente completo de la edificación.

Esa documentación abarcaba tanto la clasificación urbanística de los terrenos como las autorizaciones administrativas correspondientes. El cruce de datos arrojó un resultado concluyente: las obras se habían ejecutado, presuntamente, sin la preceptiva licencia urbanística.

El agravante llegó al identificar dónde se había levantado la construcción. Los terrenos son suelo rústico de especial protección del medio natural y están incluidos en el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la provincia de Córdoba, el instrumento que blinda los enclaves de mayor valor ambiental del territorio cordobés.

Informe de la Junta

Para acreditar el segundo delito, el de flora y fauna, los agentes necesitaban una pieza más: un dictamen que vinculase técnicamente las obras con la muerte de la cría. Lo obtuvieron del Departamento de Geodiversidad y Biodiversidad del Servicio de Gestión del Medio Natural de la Junta de Andalucía.

Ese informe concluye que la escasa distancia entre las obras y el nido pudo provocar molestias incompatibles con el periodo reproductor de la especie. La cría y la incubación son, para las grandes rapaces rupícolas, la fase más sensible de todo su ciclo vital.

La secuencia que describen los técnicos es la habitual en estos casos. Las molestias habrían motivado el abandono temporal del nido por parte de los progenitores y ese abandono desembocó, según el dictamen, en la muerte del pollo que quedó dentro.

Varios delitos

A la vista del resultado de la investigación y de los informes técnicos incorporados a las diligencias, la Guardia Civil procedió a investigar a las dos personas como presuntas responsables de los dos delitos: uno contra la ordenación del territorio y otro contra la flora y la fauna.

El primero está recogido en el artículo 319 del Código Penal, que castiga con prisión de un año y seis meses a cuatro años, multa e inhabilitación especial a quienes ejecuten obras no autorizables en suelos de especial protección. Ese mismo artículo permite además ordenar la demolición de lo construido.

El segundo es el artículo 334, que sanciona expresamente a quien realice actividades que impidan o dificulten la reproducción de especies protegidas de fauna silvestre, con penas de seis meses a dos años de prisión o multa e inhabilitación para cazar o pescar de dos a cuatro años.

Denuncias administrativas

De forma paralela a la vía penal, y por las irregularidades detectadas en el ámbito administrativo, el SEPRONA ha formulado las correspondientes denuncias ante el Ayuntamiento de Adamuz y la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Se trata de un doble frente frecuente en los delitos urbanísticos con componente ambiental: el procedimiento penal no excluye el expediente administrativo, que puede acabar en sanción económica y en la orden de restitución del terreno a su estado original.

El águila perdicera que ocupaba ese nido no es una especie cualquiera dentro del catálogo español. Figura como «vulnerable» en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y está incluida en el Anexo I de la Directiva Aves, el nivel máximo de protección comunitaria para aves silvestres.

Rapaz vulnerable

También conocida como águila azor perdicera, la Aquila fasciata es una rapaz de unos 70 centímetros de longitud y entre 1,6 y 2,2 kilos de peso que caza conejos, palomas, perdices y lagartos. Cría en paredes rocosas y, sólo de forma excepcional, sobre árboles.

Los datos poblacionales explican por qué cada pollo cuenta. El último censo nacional, correspondiente a 2018, contabilizó entre 711 y 745 parejas en toda España, con un descenso cercano al 3% respecto al recuento anterior de 2005, pese a las medidas de conservación aplicadas.

España concentra el grueso de la población europea de la especie, y Andalucía es su principal reducto, con más de 317 parejas localizadas en el último censo. Sierra Morena, las sierras béticas y las sierras costeras mediterráneas son sus territorios de referencia.

Refugio en Sierra Morena

Adamuz encaja de lleno en ese mapa. El municipio, de 334 kilómetros cuadrados y situado a unos 37 al noreste de la capital, se extiende entre Sierra Morena y el valle del Guadalquivir, un mosaico de monte mediterráneo y roquedos que reúne las condiciones exactas que la perdicera busca para instalar sus nidos.

De hecho, la comarca se ha consolidado en los últimos años como un destino de turismo ornitológico con observatorios específicos dedicados a esta rapaz, un aprovechamiento económico que depende directamente de que las parejas reproductoras sigan ocupando los mismos cortados año tras año.

Las principales amenazas de la especie son bien conocidas: la electrocución y la colisión con tendidos eléctricos, la persecución directa con disparos, trampas o venenos y, precisamente, las molestias humanas en las zonas de nidificación durante el periodo de cría. La operación Fasciata apunta a esta última.