Ley de Movilidad Sostenible: se avecinan grandes cambios para las empresas con más de 200 empleados

• Antonio Quilis @AntonioQuilis
• Periodista especializado en información medioambiental desde hace más de 20 años y ahora director de OKGREEN en OKDIARIO. Anteriormente director de El Mundo Ecológico. Colaborador en temas de medioambiente, ecología y sostenibilidad en Cadena Ser.
• • 24/03/2026 05:00
  • Actualizado: 24/03/2026 05:00

Los Planes de Movilidad Sostenible al trabajo se convierten en 2026 en una obligación legal ineludible para las empresas con más de 200 trabajadores por centro de trabajo, o 100 por turno.

La Ley 9/2025, publicada en el BOE el 4 de diciembre de 2025 y en vigor desde el 5 de ese mismo mes, marca un punto de inflexión en la gestión de la movilidad corporativa en España. Las organizaciones afectadas disponen de un plazo de 24 meses —hasta el 5 de diciembre de 2027— para adaptar sus estructuras y presentar sus planes.

Desplazamientos de los empleados

La nueva norma no se limita a la gestión de flotas de coches corporativos: abarca el conjunto de desplazamientos que los empleados realizan entre su domicilio y el centro de trabajo.

Los Planes de Movilidad Sostenible deben incluir medidas concretas para fomentar el transporte colectivo, la movilidad activa —caminar, bicicleta, patinete—, los modos de bajas o cero emisiones y el teletrabajo cuando sea viable. Las empresas con centros de más de 1.000 empleados ubicados en ciudades de más de 500.000 habitantes deberán aplicar, además, requisitos de mayor alcance.

Una obligación con plazo

Para elaborar un Plan de Movilidad Sostenible válido, las empresas deberán partir de un diagnóstico de movilidad de sus trabajadores, que incluya un mapa de origen-destino, el análisis de accesos, horarios y aparcamiento.

A partir de ese diagnóstico, tendrán que definir medidas correctoras, fijar indicadores de seguimiento medibles y realizar una evaluación bianual de los resultados. Los planes deben negociarse con la representación legal de los trabajadores —o, en su ausencia, con una comisión sindical— y comunicarse a la autoridad autonómica competente en un plazo de tres meses desde su adopción.

El incumplimiento de esta obligación no está exento de consecuencias. La ley contempla multas que pueden alcanzar los 600.000 euros, según advierten varios despachos jurídicos especializados. No contar con el plan aprobado afectará a licitaciones, cumplimiento de ESG y políticas internas de las empresas ante inversores y clientes.

Impacto en flotas y costes

La norma tiene un efecto directo sobre la gestión de flotas corporativas. Al conectarse con la regulación de las Zonas de Bajas Emisiones, habilita a los municipios a crear tasas vinculadas al nivel de emisiones del vehículo, lo que afecta directamente a los coches de empresa, los de uso mixto laboral-personal y la logística de mercancías. La renovación de la flota tendrá, además, repercusiones fiscales: en el IRPF —retribución en especie—, el IVA y las amortizaciones.

La ley prevé una deducción del 10% en el Impuesto de Sociedades por inversiones relacionadas con la movilidad sostenible, como aparcamientos para bicicletas o instalación de puntos de recarga para coches eléctricos. El cumplimiento temprano puede convertirse, así, en una ventaja competitiva para las empresas que ya operen con criterios de sostenibilidad y cuenten con Planes de Movilidad Sostenible activos.

Digitalización y electrificación

Desde Jhasa, bróker español independiente de seguros y reaseguros fundado en 2019 con capital 100% español, alertan de que esta transformación normativa llevará consigo tres tendencias clave: la digitalización de los sistemas de control de flotas, el refuerzo de la ciberseguridad en vehículos conectados y el aumento del uso de coches eléctricos en la movilidad corporativa.

La correduría, con acuerdos con proveedores especializados en sistemas de control de flotas que permiten reportes en tiempo real, subraya que la analítica será determinante para reducir riesgos y optimizar el mantenimiento.

«2026 no es sólo un año de adaptación normativa, sino un punto de inflexión en la forma en que las empresas gestionan su movilidad. La tecnología, la analítica y la inteligencia artificial van a ser claves para reducir riesgos, ganar eficiencia y avanzar hacia flotas más sostenibles», señala Clara Boyano, directora de Flotas en Jhasa.

Control del riesgo

La gestión adecuada de la flota de coches corporativos adquiere, en este contexto, una importancia estratégica. Las herramientas de control de la conducción, el seguimiento de la siniestralidad, la prevención y la monitorización del estado del vehículo se convierten en elementos nucleares de cualquier Plan de Movilidad Sostenible bien estructurado.

La analítica en tiempo real permite a las empresas identificar patrones de riesgo antes de que se conviertan en siniestros, reducir costes operativos y cumplir con los indicadores de seguimiento que exige la ley.

El bróker subraya que la nueva normativa no debe entenderse únicamente como una exigencia legal, sino como una oportunidad para modernizar el modelo de movilidad, reducir riesgos y ganar eficiencia operativa.

Desde la correduría se ofrece a sus clientes corporativos un enfoque integral que combina la gestión del seguro de flotas con el asesoramiento en cumplimiento normativo y la provisión de herramientas digitales de seguimiento.

Hoja de ruta para 2027

Las empresas afectadas por la Ley 9/2025 tienen ante sí un itinerario claro, aunque exigente. El primer paso es verificar si superan el umbral de 200 trabajadores por centro de trabajo, o 100 por turno. A continuación, deben lanzar el diagnóstico de movilidad, definir el paquete de medidas, abrir la negociación con la representación de los trabajadores y fijar los indicadores de seguimiento.

Con el plazo en marcha desde diciembre de 2025, las empresas que se anticipen dispondrán de más tiempo para afinar sus Planes de Movilidad Sostenible, integrarlos en su estrategia ESG y aprovechar los incentivos fiscales que la norma pone sobre la mesa. Las que esperen al último momento asumen no solo el riesgo de las sanciones, sino también la presión de negociar y documentar el plan en plazos muy ajustados.