La Comunidad de Madrid pide dimitir a Aagesen y cesar a Corredor por «dilapidar» la seguridad energética

La Comunidad de Madrid ha exigido la dimisión de Sara Aagesen y el cese inmediato de Beatriz Corredor —presidenta de Red Eléctrica— en el primer aniversario del apagón que puso en evidencia el fracaso de la seguridad energética española.

Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, ha liderado la petición tras conocerse nuevos datos, comunicaciones y evidencias sobre lo ocurrido aquel día.

Novillo ha vinculado directamente la gestión de Aagesen con el deterioro de la seguridad energética nacional. A su juicio, tanto la actual vicepresidenta —antigua secretaria de Estado de Energía— como su predecesora y hoy comisaria europea Teresa Ribera han «dilapidado por pura ideología una de las fortalezas más importantes que teníamos como país».

Caso Forestalia

La política energética, en opinión de Madrid, ha dejado a España sin redes suficientes, con escasas conexiones de interconexión y capacidad de almacenamiento insuficiente. A ello se suman posibles casos de corrupción en la concesión de autorizaciones, como el denominado caso Forestalia, que investiga la obtención irregular de permisos para instalaciones renovables.

El apagón evidenció las consecuencias de una transición mal planificada. Madrid critica que el Gobierno no haya dado marcha atrás en el calendario de cierre de las centrales nucleares, «cuando el mundo avanza en este tipo de energía para reducir emisiones, ganar autonomía estratégica y lograr una electrificación estable y reforzada».

Dependencia del gas ruso

La dependencia del gas importado de Rusia es otro de los argumentos centrales. La comunidad denuncia que la política energética del Ejecutivo ha derivado en un modelo que aumenta la dependencia exterior en lugar de reducirla, en contra de los objetivos declarados de autonomía estratégica y descarbonización.

A ello se añade el impacto territorial de las macroplantas solares, que según Madrid ocupan terrenos de cultivo productivos en todo el territorio español. Novillo ha calificado esta situación de «contradictoria desde el punto de vista del medio ambiente», ya que implica sacrificar suelo agrícola de alto valor en nombre de una política que asegura defender la sostenibilidad.

Debate energético

El apagón de hace un año y la posterior gestión de la crisis han convertido la seguridad energética en eje del debate político. La Comunidad de Madrid considera que los responsables deben asumir las consecuencias de decisiones que, a su juicio, han debilitado de forma estructural la capacidad de España para garantizar el suministro eléctrico a sus ciudadanos y empresas.