El Gobierno pretende frenar la subida de la luz exigiendo a los centros de datos un 80% de renovables

• Antonio Quilis @AntonioQuilis
• Periodista especializado en información medioambiental desde hace más de 20 años y ahora director de OKGREEN en OKDIARIO. Anteriormente director de El Mundo Ecológico. Colaborador en temas de medioambiente, ecología y sostenibilidad en Cadena Ser.
• • 27/08/2026 10:41
  • Actualizado: 27/08/2026 12:34

El Gobierno ha decidido poner freno a uno de los mayores riesgos que amenazan la factura eléctrica de los próximos años: la avalancha de centros de datos que se preparan para instalarse en España.

Según fuentes del Ejecutivo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ultima, junto con Economía y Transformación Digital, un real decreto para regular estas instalaciones. La norma obligará a los centros de datos a cubrir con energía renovable adicional al menos el 80% de su consumo eléctrico.

Verificación hora a hora

El matiz es clave: por cada megavatio que consuma un centro de datos, su operador deberá haber instalado un megavatio nuevo de renovables en los 18 meses previos, ya sea mediante autoconsumo o a través de un PPA.

Además, ese abastecimiento verde tendrá que acreditarse en tiempo real. En cada franja horaria, el 80% de la electricidad consumida deberá proceder de plantas que estén generando en ese mismo momento. El objetivo, según el Gobierno, es evitar que la nueva demanda dispare el uso de gas natural y encarezca la factura de la luz, tal y como ha ocurrido ya en Estados Unidos e Irlanda.

El origen: la crisis en Oriente Medio

El proyecto normativo responde a un mandato previo: el del Real Decreto 7/2026, aprobado en marzo dentro del plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio.

La norma se someterá próximamente a audiencia pública. El requisito del 80% se mantendrá vigente mientras las renovables no superen el 90% del mix eléctrico nacional. Fuentes gubernamentales insisten en que la iniciativa no supone en ningún caso una moratoria: los proyectos podrán seguir adelante, sujetos a los nuevos estándares.

Etiqueta A y límites al agua

El borrador exige también que los centros de datos alcancen la etiqueta A de eficiencia energética e hídrica, conforme al sistema que prepara la Comisión Europea, previsto para agosto de 2027.

Las instalaciones de más de 500 kilovatios deberán remitir anualmente al ministerio sus datos de eficiencia, mientras que las de más de un megavatio acreditarán el código de conducta europeo. En el capítulo de soberanía digital, los operadores deberán estar establecidos en la Unión Europea y mantener los datos, metadatos y registros en territorio comunitario.

Sanciones e inversión al alza

Los centros que alojen información de las administraciones públicas o afecten a la seguridad nacional no podrán cederla a terceros países. El texto se vincula además con el Reglamento de Ciberseguridad de la UE, que podría derivar en restricciones a determinados proveedores, como Huawei, en las infraestructuras más sensibles. Quien incumpla se enfrenta a multas económicas crecientes que pueden llegar a costar el derecho de acceso a la red eléctrica.

Los proyectos ya en tramitación dispondrán de entre tres y seis meses para adaptarse, y se contemplan cláusulas de salida si las exigencias hacen inviable su desarrollo.

La presión regulatoria llega en pleno boom inversor. La Estrategia de Inteligencia Artificial del Gobierno preveía 2,5 gigavatios de potencia de cómputo en 2030. Sin embargo, la realidad ya ha desbordado esa previsión: desde 2021 se han concedido más de 12 gigavatios de derechos de acceso y conexión a la red.

Madrid replica: el agua no es el problema

Mientras el Ejecutivo central endurece las condiciones, la Comunidad de Madrid reivindica su liderazgo en la atracción de centros de datos eficientes. Su consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, visitó esta semana la presa del embalse de El Atazar.

Allí defendió que «afirmar que los centros de datos van a dejar sin agua a Madrid es una generalización técnicamente falsa», y aseguró que las nuevas infraestructuras se desarrollan bajo criterios de eficiencia.

El consejero cifró en hasta un 90% la reducción de la intensidad hídrica lograda por la última generación de centros, gracias a sistemas de refrigeración en circuito cerrado que reutilizan el agua o prescinden de ella.

«No es riguroso evaluar las instalaciones de última generación con parámetros de centros construidos hace décadas», subrayó, antes de recordar que la región suma 40 centros en servicio y 15 en construcción.

Líder por delante de Frankfurt o París

Con esas cifras, el Gobierno regional se declara líder nacional y por delante de plazas europeas como Frankfurt, Londres, Amsterdam o París, y defiende que el crecimiento económico y la protección ambiental son «objetivos plenamente compatibles».

El pulso de fondo lo refleja el volumen de dinero en juego. SpainDC calcula que el sector podría atraer 66.900 millones de euros de inversión hasta 2030, con un impacto anual en el PIB de 7.300 millones y más de 16.000 empleos.

El Ejecutivo central mantiene contactos con esta patronal y con Ametic para cerrar los detalles de la norma. Eusebio Roza, Head of IT de SotySolar, enmarca la nueva regulación en un fenómeno más amplio: la doble presión que sufre el sistema eléctrico español.

La doble presión sobre la red

«España se enfrenta a una doble presión sobre su sistema energético que no podemos ignorar: la electrificación de hogares y empresas —coches eléctricos, bombas de calor, automatización— y ahora una demanda industrial sin precedentes por parte de los centros de datos», explica el experto.

Roza aporta cifras concretas sobre el impacto territorial. Aragón podría destinar hasta la mitad de su producción energética a servidores antes de 2030. Madrid, por su parte, ya suma proyecciones de inversión de 23.400 millones de euros en este tipo de infraestructura.

El problema no son los centros de datos

«El problema no son los centros de datos: son parte inevitable de la economía digital. El problema es seguir pensando que una red centralizada puede absorberlo todo», advierte Roza.

Para SotySolar, la respuesta más eficaz no pasa sólo por ampliar líneas de transmisión, «aunque también sea necesario», sino por reducir la presión desde la base. Cada hogar y cada empresa que genera su propia electricidad mediante autoconsumo fotovoltaico resta un punto de tensión al sistema.

El agua, el recurso olvidado

«Con el potencial solar de España, depender al 100% de una red que ya está al límite mientras le añadimos una demanda de este calibre es un riesgo que no nos podemos permitir», sostiene Roza. El experto señala además un recurso crítico que suele quedar en un segundo plano: el agua. Los grandes centros de datos consumen millones de litros en refrigeración evaporativa. Una opinión muy diferente a la del consejero madrileño.

Frente a ese modelo, la aerotermia —que extrae energía del aire sin consumir agua en el proceso— representa para SotySolar una alternativa tecnológicamente madura y ya accesible.

La combinación de fotovoltaica y aerotermia, que ya adoptan miles de hogares y empresas en España, demuestra que es posible operar con eficiencia sin comprometer los recursos hídricos. Es, según Roza, el modelo que el sector tecnológico debería empezar a mirar.