El Parlamento francés deroga las zonas de bajas emisiones: ¿Podría ocurrir lo mismo en España?
La Asamblea Nacional francesa votó a favor de eliminar las restricciones por emisiones en las ciudades
España mantiene las ZBE por ley del Cambio Climático pero un cambio político podría modificar la norma
Tres de cada cuatro franceses rechazaban las ZBE por discriminar a las rentas más bajas
Francia ha derogado sus zonas de bajas emisiones en las ciudades, y el debate cruza los Pirineos: ¿podría ocurrir algo similar en España? La respuesta no es sencilla, pero tampoco descartable. El Parlamento galo ha dado un giro histórico a su política medioambiental que sacude a toda Europa.
El pasado martes 14 de abril, la Asamblea Nacional francesa aprobó el proyecto de ley de «simplificación de la vida económica» en una versión que establece la supresión de las zonas de bajas emisiones en todo el territorio. Al día siguiente, el Senado ratificó la decisión. El texto fue aprobado por 275 votos a favor y 225 en contra, a pesar de la oposición del Gobierno.
El voto que lo cambió todo
La enmienda clave para eliminar las ZBE en Francia fue impulsada principalmente por el diputado del Rassemblement National, Pierre Meurin, quien abanderaba la lucha contra estas áreas desde 2022.
Aunó una mayoría inusual: extrema derecha, La Francia Insumisa, Los Republicanos y algunos centristas, todos bajo un mismo argumento: las ZBE discriminan a quienes no pueden costear vehículos más modernos.
Una medida nacida en 2018
Las zonas de bajas emisiones francesas arrancaron en 2019 en ciudades como París, Lyon y Marsella. Presentadas entonces como una «dinámica irreversible» por la exministra de Transportes Élisabeth Borne, su objetivo era restringir la circulación de los vehículos más contaminantes mediante el sistema de clasificación Crit’Air.
La Ley Clima y Resiliencia de 2021 fue aún más lejos y estableció que las ZBE debían extenderse a todas las aglomeraciones de más de 150.000 habitantes a partir del 1 de enero de 2025. Siete años después de su nacimiento, el Parlamento las ha enterrado.
El argumento social que las derrumbó
El detonante fue la percepción ciudadana de que las zonas de bajas emisiones penalizaban a quienes menos recursos tienen. Renovar un vehículo para cumplir con las normas de emisiones supone una inversión que muchas familias no pueden asumir. Según encuestas, alrededor del 80% de los ciudadanos franceses rechazaba estas restricciones.
Organizaciones como 40 Millions d’Automobilistes, uno de los colectivos más críticos con esta política, celebran la medida como un alivio para millones de conductores.
✊ZFE : UNE NOUVELLE VICTOIRE ! ✊
Les députés ont à nouveau majoritairement voté l’abrogation des ZFE : ce sont bel et bien des Zones Finies et Enterrée.
Ce succès est le nôtre : bravo à tous pour votre mobilisation à nos côtés ! 👏#ZFE pic.twitter.com/ZesAzDmVkq
— 40 millions d’automobilistes (@40MA) April 14, 2026
El coste europeo
La derogación de las zonas de bajas emisiones en Francia no es solo una cuestión de política interna. El país podría verse obligado a devolver parte de los 3.300 millones de euros en fondos de la Unión Europea destinados a estas zonas. Una dimensión económica que complica aún más el balance de la decisión.
Europa observa con atención. El Consejo Constitucional podría aún revisar la ley, y varios diputados socialistas, ecologistas y centristas ya han anunciado que recurrirán ante ese órgano. La incertidumbre no ha desaparecido del todo.
¿Podría pasar en España?
La pregunta viaja inevitablemente hasta España. Las zonas de bajas emisiones están reguladas por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada en 2021. Es en ese texto donde se define qué son y qué municipios tienen la obligación de implantarlas.
Ramón Ledesma, socio estratégico de Impulso by Pons, lo explica con claridad: «Para derogarlas, sería necesario un proyecto de ley que, previa votación, procediese a su eliminación o modificación. Con las actuales mayorías que votaron a favor de su implementación, no parece lógico ni probable que esto se produzca. Pero si cambian las mayorías, sí que sería posible».
Las ciudades evolucionan solas
Ledesma advierte, no obstante, que derogar una ley no equivale a borrar la realidad urbana que ya ha generado. «Las ciudades evolucionan hacia su optimización, y las leyes pueden acelerar o ralentizar ese proceso, pero no detenerlo», señala.
El experto pone un ejemplo elocuente: las calles peatonalizadas. «Una vez que se peatonalizan, nunca se despeatonalizan», recalca. En su opinión, si se derogaran las ZBE en España, se establecerían restricciones de otro tipo bajo otra forma o título, porque la tendencia de fondo no desaparece.
Un marco jurídico forzado
Ledesma apunta que el verdadero error no fue crear las zonas de bajas emisiones, sino el marco jurídico bajo el que se articularon. «Más que de zonas de bajas emisiones, debería haberse instaurado el concepto de Zonas de Movilidad Tensionada o Intensiva, donde, no sólo por emisiones, sino por más motivos, deben ejercerse restricciones a la circulación», añade.
En ese modelo alternativo, la justificación no vendría de la calidad del aire, sino de la optimización del espacio urbano. «Todo el mundo entiende que no pasen vehículos por la Puerta del Sol, pero no por motivos de calidad del aire, sino porque los espacios deben optimizarse para el bien común», concluye. La Ley de Movilidad Sostenible, señala, habría sido el marco más adecuado desde el principio.
El modelo Pontevedra, sin ZBE
Un caso concreto prueba que la movilidad sostenible puede lograrse sin zonas de bajas emisiones. Pontevedra no cuenta con ninguna, pero ha alcanzado sus objetivos trabajando durante años en una estrategia de ciudad: menor tráfico particular, mayor uso del transporte colectivo y más desplazamiento saludable.
«La realidad es que en el centro de las ciudades el turismo sólo entrará si se hace un uso común del mismo: taxi, VTC, carsharing», concluye Ledesma. El marco jurídico puede cambiar; la presión sobre el espacio urbano, no.
Un debate sin cierre
La decisión del Parlamento francés sobre las zonas de bajas emisiones ha abierto una grieta en el relato de que estas medidas son «irreversibles». En España, la arquitectura legal que las sustenta sigue en pie, pero el ejemplo galo demuestra que las mayorías políticas pueden cambiar lo que parecía inamovible.
Lo que sí resulta llamativo es la tendencia de fondo: existen ciudades que necesitan imperiosamente gestionar su espacio, reducir la contaminación y garantizar su movilidad sostenible. Con ZBE o sin ellas, ese reto no tiene vuelta atrás.
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