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La Asociación Naturalista de Ayora y la Valle ha denunciado ante la Guardia Civil la tala de miles de encinas que fueron plantadas hace 25 años por fondos europeos en Jalance (Valencia). El área de Industria de la Generalitat autorizó la planta solar, ignorando los informes en contra de su propio departamento de Medio Natural.
Vecinos y ecologistas defienden el lema: «Renovables sí, pero así no». Exigen poner placas en tejados o zonas degradadas, no en espacios forestales protegidos.
Conflicto de intereses
Este conflicto de Jalance recoge dos ideas fundamentales, que no son opuestas. Por un lado, la preservación de la biodiversidad frente a la transición hacia energías limpias.
A nivel institucional, los departamentos de industria y energía argumentan la necesidad de cumplir con los objetivos europeos de descarbonización. Por parte de los defensores del bosque, los técnicos de la Dirección General de Medio Natural emitieron informes desfavorables. Los especialistas advirtieron que el ecosistema ya estaba consolidado y que la tala dañaría el suelo y la fauna. Finalmente, los criterios energéticos se impusieron a los de conservación.
La justificación para la instalación de estas placas fotovoltaicas reside en que la energía limpia producida por las placas compensará con creces las emisiones de la tala. Los ecologistas han respondido que destruir un bosque de encinas que lleva 25 años absorbiendo CO2 (además de regular el ciclo del agua local) para poner tecnología artificial rompe completamente la lógica de la sostenibilidad.
Los vecinos y plataformas locales no se oponen a la instalación como tal de la placa, sino a la planificación. Creen que las placas pueden ser instaladas en zonas degradadas, tejados industriales, pero no sacrificar terrenos forestales reforestados con dinero público.
Situación actual
La situación actual de este conflicto está avanzando en varios aspectos. La tala de estas encinas se está produciendo por parte de la empresa promotora. Se están destruyendo ejemplares de encinas en una superficie de 30 hectáreas.
La Asociación Naturalista de Ayora y el Valle ha formalizado la denuncia ante la Guardia Civil. Los ecologistas acusan de delito ambiental al realizarse los trabajos en suelo protegido de la Red Natura 2000, en plena época de nidificación y reproducción de aves silvestres.
El proyecto cuenta con el visto bueno de la Generalitat Valenciana a pesar de la oposición social y los informes técnicos negativos iniciales.
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