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La entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal ha cambiado la forma en la que se puede alimentar a los animales callejeros en España. Aunque la normativa no prohíbe explícitamente dar comida a gatos u otros animales abandonados, sí establece limitaciones claras y contempla sanciones económicas de hasta 50.000 euros para quienes lo hagan fuera de los canales autorizados. El objetivo es evitar problemas derivados de la alimentación incontrolada en la vía pública, como la proliferación de roedores, la acumulación de suciedad, los malos olores o el crecimiento descontrolado de colonias felinas.
Uno de los puntos clave afecta directamente a los llamados «gatos comunitarios», cuya gestión recae sobre los ayuntamientos, que son los encargados de coordinar programas específicos y acreditar oficialmente a las personas autorizadas para alimentarlos y cuidarlos. De este modo, quienes quieran colaborar con una colonia felina deben integrarse en los programas municipales correspondientes, generalmente basados en el sistema CER (Captura, Esterilización y Retorno).
Ley de Bienestar Animal y colonias felinas
Las colonias felinas están formadas por gatos comunitarios que viven en libertad y no pertenecen a una persona concreta. Normalmente son grupos de voluntarios o cuidadores autorizados quienes se encargan de proporcionarles alimento, supervisar su estado de salud y velar por su bienestar en la calle. Estos gatos suelen mostrarse desconfiados y poco sociables con las personas, aunque algunos pueden acostumbrarse al contacto humano, especialmente si han sido alimentados desde pequeños. Otra de sus características es su elevada capacidad reproductiva, lo que puede hacer que la colonia aumente rápidamente en poco tiempo.
Según el artículo 40 de la Ley de Bienestar Animal, corresponde a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla elaborar protocolos marco con los procedimientos y requisitos mínimos que sirvan de referencia para implantar programas de gestión de colonias felinas en los distintos municipios. Estos protocolos deberán incluir, entre otros aspectos, métodos de captura respetuosos con la naturaleza de los gatos comunitarios y acordes con las directrices de bienestar animal, criterios para el registro tanto de las colonias como de los animales que las integran, así como pautas sobre alimentación, limpieza, atención básica y cuidados sanitarios. También deberán establecer criterios de esterilización mediante programas eficientes realizados por profesionales veterinarios, además de contemplar la instalación de refugios, tolvas u otros elementos necesarios para garantizar la calidad de vida de las colonias.
Asimismo, las administraciones deberán definir la formación y acreditación de las personas cuidadoras de colonias felinas y del personal público implicado en su gestión, además de impulsar la formación específica de las policías locales en esta materia. Los protocolos también tendrán que recoger actuaciones para situaciones especiales, incluyendo el retorno posterior de los gatos comunitarios a su entorno habitual, así como medidas de rescate y ayuda en casos de emergencia, como fenómenos meteorológicos adversos o desastres naturales. Finalmente, deberán establecerse criterios que permitan gestionar las colonias felinas evitando efectos significativos sobre la biodiversidad del entorno donde se encuentran.
Mientras, el artículo 41 establece que «las personas, en su convivencia natural con las colonias felinas, deberán respetar la integridad, seguridad y calidad de vida de los gatos comunitarios que las integran, así como las instalaciones de comida, y refugio propias del programa de gestión de gatos comunitarios» y «las personas titulares o responsables de perros deberán adoptar las medidas para evitar que la presencia de éstos pueda alterar o poner en riesgo la integridad de las colonias felinas y de los gatos comunitarios, así como de los recursos destinados a los mismos».
Alimentar animales en la calle sin autorización o incumpliendo las normas de higiene puede considerarse una infracción leve, con multas que oscilan entre los 500 y los 10.000 euros. En los casos considerados más graves, como utilizar restos animales o productos sin control sanitario, las sanciones pueden elevarse hasta los 50.000 euros.
Sistema CER (Captura, Esterilización y Retorno)
El sistema CER (Captura, Esterilización y Retorno) se ha convertido en el principal modelo utilizado para controlar y gestionar las colonias felinas. El procedimiento consiste en capturar a los gatos que viven en la calle, esterilizarlos y devolverlos posteriormente al mismo entorno donde habitan, evitando así que continúen reproduciéndose de forma descontrolada.
Este sistema busca reducir poco a poco el tamaño de las colonias y, al mismo tiempo, disminuir los problemas de convivencia. Entre ellos destacan las peleas durante el celo, los maullidos constantes o el marcaje territorial con orina, comportamientos que suelen generar conflictos vecinales en muchas zonas urbanas.
La gestión de las colonias felinas cuenta además con apoyo institucional. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impulsado una línea de ayudas dirigida a entidades locales para reforzar el control poblacional de los gatos comunitarios, según recoge el Boletín Oficial del Estado. La convocatoria contempla una dotación máxima de 1,95 millones de euros para 2026, financiada a través de los presupuestos de la Dirección General de Derechos de los Animales.
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