La vicealcaldesa de Rivas se compra un piso en una promoción que no tiene al día las tasas municipales

La vicealcaldesa de Rivas Vaciamadrid, Mónica Carazo (PSOE), se ha comprado un piso en una promoción inmobiliaria que, tal como desvela OKDIARIO, no tiene al día el pago de las tasas municipales de ocupación del espacio público. La número dos de este gobierno que lidera IU se ha colocado en el centro de la polémica porque después de la compra sobre plano, ella misma votó a favor de paralizar las nuevas licencias, lo que ha provocado una subida de precios en esta localidad madrileña que se ha podido ahorrar. Lejos de reconocer el conflicto de intereses, no se abstuvo a la hora de votar un acuerdo en el Pleno que le beneficia directamente.

La Junta de Gobierno de esta localidad autorizó en noviembre, en relación a esta promoción urbanística, que «la zona de ocupación fija en acera y aparcamiento de 582 metros cuadrados para un periodo entre el 14/11/2022 y el 11/02/2023». Sin embargo, a 15 de febrero la acera sigue ocupada por la valla de obra. Además, esta situación previsiblemente durará varios meses más, ya que las obras no están muy avanzadas. En lugar de pagar la correspondiente prórroga de esta autorización, se está haciendo la vista gorda.

Se da la circunstancia, además, de que la concejalía de Urbanismo y Vivienda la ostenta Pilar Gabina Alonso, del Partido Socialista. Esta edil es la tercera teniente de alcaldesa, coordinadora del Área de Ciudad Sostenible, concejal delegada de Urbanismo y Vivienda y segunda portavoz del Grupo Municipal Socialista. Por tanto, esta decisión de hacer consentir una presunta irregularidad beneficia a su jefa. De hecho, el texto oficial de la Junta de Gobierno facultaba expresamente a esta concejal de Urbanismo «para la ejecución del acuerdo».

Por otra parte, la segunda concejalía con competencias en la materia es Seguridad y Movilidad que, de nuevo, está en manos de los socialistas. Los agentes que deberían personarse en las obras para poner orden están al cargo de Luis Gabriel Altares, edil del PSOE.

El acuerdo del Gobierno local incluía un requerimiento «a los Servicios Técnicos de Inspección de la Concejalía de Urbanismo y Vivienda para que se proceda a girar visita de inspección en los tres días siguientes al inicio de la ocupación a fin de controlar que la misma se ajusta a lo solicitado. E, igualmente, a que en el día posterior a la finalización del plazo se proceda a levantar acta informativa del estado de dominio público objeto de la ocupación». Si se ha llegado a realizar esta visita, no se ha procedido precisamente de urgencia para desalojar esos metros cuadrados de dominio público o para gestionar la prórroga de la autorización.

Este jueves se celebra una nueva Junta de Gobierno, pero en el orden del día no viene ese expediente y la necesaria prórroga que ya llega tarde. Al menos han transcurrido seis días consintiendo una situación controvertida.