El TSJM desestima los 8 años de cárcel para una edil del PP que pedía la ex alcaldesa de Alcorcón

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado el recurso del Ayuntamiento de Alcorcón que presentó la ex alcaldesa ahora inhabilitada, Natalia de Andrés (PSOE), contra una edil del PP para la que pedía 8 años de cárcel por frenar la construcción del CREAA (el Centro de Creación de las Artes de Alcorcón), un macro circo fantasma promovido por los socialistas. La Sala de lo Civil y Penal confirma el fallo de la Audiencia Provincial y asesta otro varapalo a los intereses de ex regidora próxima a Pedro Sánchez.

Tal como adelanta OKDIARIO, un tribunal de tres magistrados ha dictado una sentencia de 14 páginas en la que eximen de culpas a la concejal popular Susana Mozo, concejal del grupo municipal del PP en Alcorcón. Natalia Andrés le imputaba presuntos delitos de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos.

En junio la Audiencia Provincial de Madrid ya absolvió a Susana Mozo dejando patente que no concurren los elementos recogidos en el Código Penal para condenar por los delitos citados. En tela de juicio estaba la actuación de la edil como consejera delegada de la empresa municipal Emgiasa al anular el contrato para edificar el CREAA. Esa decisión, constata la Justicia, fue estrictamente en interés a la situación extraordinaria que atravesaba la compañía y en interés de los propios vecinos. No actuó al margen del ordenamiento jurídico como sí consideraba el Gobierno de Alcorcón.

La empresa pública tenía una situación extraordinaria de insolvencia generada por el anterior equipo de gobierno del PSOE. De hecho, la entidad acabó en concurso de acreedores. Los socialistas acusaban a Mozo de no tener competencias para resolver el contrato, pero los tribunales ya en dos instancias, les han quitado la razón. Cabe recurso para anular la sentencia en el Tribunal Supremo con la posibilidad de, ante una nueva derrota judicial, tener que abonar unas costas muy cuantiosas.

Las acusaciones, Ayuntamiento de Alcorcón y Natalia Andrés, no han acreditado el supuesto perjuicio para los intereses de Emgiasa. Al contrario, la Administración concursal ha reflejado detenidamente en un informe y en su comparecencia judicial, la existencia de la deuda y que la resolución del contrato fue beneficiosa para Emgiasa y, su mantenimiento, principal causa de insolvencia de la empresa.

Los jueces determinan, al tumbar la solicitud de meter en la cárcel a la edil del PP, que la resolución del contrato no fue ocultado al Consejo de Administración y contó con acuerdo expreso de ratificación por el órgano competente. «Cuesta creer que Natalia de Andrés que ya planteó en 2011 no continuar con la ejecución de la obra, no conociera la resolución del acuerdo hasta que fue parte del concurso de acreedores, pese a que el Consejo de administración lo conocía», dejó caer la sentencia de primera instancia.

El PP pide un Pleno especial

Mozo afirma que «inexorablemente, debo exigir al Ayuntamiento de Alcorcón y a la querellante Natalia de Andrés, una rectificación inmediata y pública utilizando los mismos medios que utilizó durante este proceso para dar difusión a esta denuncia, con el único efecto de intentar paliar el grave menoscabo sufrido en mi persona durante los 4 años que ha durado este procedimiento judicial». Además, pide un Pleno extraordinario urgente para que dé cuenta pública de esta sentencia al igual que hizo, «fuera de todo escrúpulo, con los diferentes autos y resoluciones durante este proceso». «Es necesario recuperar mi buen nombre, honor, imagen y recto proceder durante los 12 años que he servido al municipio de Alcorcón», agrega la edil que afrontaba una petición de cárcel.

«Me gratifica la decisión del Tribunal de Justicia por el que se me absuelve de todos los cargos por los que he sido acusada injustamente, y por la que se desenmascara la más que reprobable estrategia utilizada por la querellante con el único objeto de eludir su grave responsabilidad en la declaración de concurso culpable por la que, finalmente, ha sido inhabilitada durante 5 años, además, de las graves consecuencia inherentes al fallo de la resolución judicial de lo mercantil», lanza la edil del PP que no pisará la cárcel como pretendían los socialistas.

«La instrumentalización de la Justicia ha sido consentida por el propio Ayuntamiento de Alcorcón, gobernado por el PSOE y Podemos», a ojos del PP. Lamentan que «a partir de 2019, el Consistorio se plegó a los intereses particulares de Natalia de Andrés, y otros consejeros socialistas condenados por la quiebra de Emgiasa, en vez de destinar sus recursos en interés público».