PSOE y Más Madrid aprobaron los precios de las mascarillas de Almeida ante la falta de material
PSOE y Más Madrid celebraron el contrato de las mascarillas de Almeida: «Gran trabajo, nada fácil»
El email que se facilitó a Luis Medina desde el Ayuntamiento de Madrid aparecía 200 veces en internet
El juez admite a Almeida como víctima en el caso de las mascarillas compradas a Medina y Luceño
Los concejales de PSOE y Más Madrid validaron expresamente los precios de las mascarillas, los guantes y los test covid que compró la Funeraria del Ayuntamiento de Madrid ante la falta de material en las primeras semanas de la pandemia. Ahora estos partidos ponen en el disparadero al Consistorio, del que ellos mismos forman parte, por no sospechar que detrás de las ofertas había comisiones millonarias a dos empresarios a los que ahora investiga la Justicia, Luis Medina y Alberto Luceño. Las actas del consejo de administración de esta empresa municipal desvelan que los ediles de la oposición entendían los precios inflados ante una crisis sanitaria sin precedentes.
Dichos documentos oficiales reflejan que los altos cargos de la funeraria informaron con detalle a los ediles Javier Barbero, de Más Madrid, y Ramón Silva, del PSOE. El primero fue el anterior presidente de esta empresa pública de servicios públicos en el mandato anterior, con Manuela Carmena como regidora. Del mismo modo, el socialista lleva en el Ayuntamiento desde 2003 y es uno de los ediles más veteranos del Pleno. Por ello, en ambos casos no pueden esgrimir que eran unos recién llegados a la Administración local y no conocían su funcionamiento.
Estas actas internas de la Funeraria que desvela OKDIARIO explicitan:
«En relación con la ejecución de dicho convenio, se aprueba por unanimidad del Consejo de Administración las siguientes operaciones de adquisición de material sanitario para atender las necesidades urgentes del personal que presta servicios esenciales en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid:
– Adquisición de 1.000.000 mascarillas protectoras ‘KN95 Graphene Sterilization Antiviral 3D mask’. Importe 6.689.400 dólares USA. Se adjunta factura proforma y documentación contractual anexa. Pago inicial 50%. [6,68 euros por unidad]
– Adquisición de 500.000 mascarillas KN95-FFP2-N95. Importe 2.500.000euros. Se adjunta factura proforma. Pago inicial 50%. [5 euros por unidad] (…)
1. Adquisición de 250.000 test rápidos para Covid-19 (17 dólares la unidad). Importe 4.250.000 dólares USA. Se adjunta factura proforma y documentación contractual anexa. Pago inicial 50%.
2. Adquisición de 2.500.000 guantes de protección (2 dólares unidad). Importe 5.000.000 dólares USA. Se adjunta factura proforma. Pago inicial 50%. Operación condicionada a la garantía de entrega en un plazo adecuado pendiente de negociación entre las partes».
Justo después de comentar estos precios, las actas resaltan que Javier Barbero toma la palabra y plantea varias preguntas, pero en ningún momento cuestiona que los precios a pagar por unidad eran demasiado altos.
Cabe destacar que la documentación anexa al acuerdo de la cúpula de la funeraria también coincide con los altos precios ofrecidos por Luis Medina y Alberto Luceño. Por ejemplo, se recoge que las pruebas rápidas para detectar casos de coronavirus con anticuerpos costaba «17 euros por unidad», varias veces más que lo habitual.
En otro punto de las dos reuniones clave, una de ellas celebrada pasada la medianoche, recoge que los ediles de PSOE y Más Madrid trasladaron su enhorabuena por el ímprobo trabajo efectuado para hacer posibles estos contratos sanitarios. «Aprovechan para agradecer y poner en valor todo el enorme trabajo que desde el Área de Hacienda se está realizando en condiciones nada fáciles», recogen las actas.
La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que abre el caso judicial recoge que los servicios antiblanqueo de los bancos detectaron compras sospechosas como una vivienda en Pozuelo de Alarcón, siete coches de alta gama, tres relojes marca Rolex, una estancia de 60.000 euros en un hotel de Marbella durante una semana en agosto de 2020. Tras ello, el juez investiga posibles delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales.
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