El Defensor del Pueblo, el ‘independiente’ Gabilondo, abre 8 investigaciones a la Comunidad de Madrid

El Defensor del Pueblo la toma con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Este órgano constitucional, presidido por Ángel Gabilondo (PSOE) tras un pacto de los socialistas con el PP, ha abierto en las últimas semanas seis investigaciones contra el Ejecutivo que lidera Isabel Díaz Ayuso (PP).

Frente al más de centenar de administraciones que hay en toda España, Ángel Gabilondo barre para casa y sigue haciendo oposición al Gobierno de la Puerta del Sol. El que fuera líder del PSOE en la Asamblea de Madrid evita por sistema pronunciarse sobre polémicas que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez. Pero, sin embargo, no duda en cargar contra la administración regional de Ayuso cuanto más mejor.

Por ejemplo, no ha dicho nada sobre las agresiones, algunas mortales, de las bandas latinas en la región, un asunto que es competencia del Ministerio del Interior y de la Delegación del Gobierno en Madrid. En ambos casos, departamentos gestionados por el PSOE, por Fernando Grande-Marlaska y Mercedes González respectivamente.

Semanas antes, puso en cuarentena la polémica del niño de Canet de Mar (Cataluña) al que impedían estudiar en castellano. Con el telón de fondo del Gobierno de España que depende de ERC para seguir en el poder, Gabilondo trató de no incomodar a la Generalitat. «No conocemos lo suficiente», afirmó en un principio, si bien posteriormente accedió a reunirse con el padre del estudiante afectado.

Sanidad, menores…

En el panorama madrileño, Gabilondo se ha lanzado a abrir investigaciones para erosionar a Ayuso. En diciembre, Ángel Gabilondo avisó a la Comunidad de Madrid que la situación en Cañada Real tenía «dimensiones de emergencia humanitaria». Además, ese mismo mes, el Defensor del Pueblo tomó otra iniciativa: llamar a a las administraciones a tomar «medidas urgentes» para restablecer la luz en Cañada Real, es decir, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de la capital, Rivas Vaciamadrid y Coslada.

Posteriormente, el 4 de enero, el Defensor del Pueblo solicitó a Concha Dancausa, consejera regional de Familia, Juventud y Política Social información sobre la situación de las tres menores liberadas de una trama de proxenetas.

El día siguiente, trascendió que el Defensor de Pueblo había iniciado una investigación sobre «violencia vicaria». Todo, por el triste asesinato de una niña en Madrid, un asunto que podría perjudicar al Ayuntamiento de Madrid y a la Concejalía de Familia y Servicios Sociales.

También en enero el Defensor del Pueblo admitió una queja de sindicatos por la inestabilidad de los contratos de los profesionales de refuerzo para la pandemia del Covid-19. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), sería en esta caso el señalado.

Además, el 4 febrero, el Defensor del Pueblo abrió una investigación sobre supuestas incidencias en el centro de salud de Ciempozuelos.

Por otra parte, otros dos casos. Los alcaldes de Fuenlabrada y Pinto han anunciado denuncias contra Ayuso ante el Defensor del Pueblo por el estado de los centros de salud de sus localidades. Cabe esperar que Gabilondo aceptará las quejas de los regidores Javier Ayala y Diego Ortiz, ambos del PSOE.

Fuentes consultadas por OKDIARIO se quejan de esta actitud de Gabilondo que, sostienen, cumplen órdenes del jefe del Ejecutivo. «La política de Pedro Sánchez consiste en desprestigiar todas las instituciones, desde el Congreso de los Diputados al Defensor del Pueblo», afean.