La alcaldesa socialista de Alcorcón condenada a 5 años de inhabilitación por quebrar una empresa pública

• Paula Baena @paulabaena26
• Periodismo y Derecho. Redactora de Nacional en OKDIARIO. Política de Madrid. Email: paula.baena@okdiario.com
• • 25/01/2022 13:49
  • Actualizado: 25/01/2022 16:03

La alcaldesa socialista de Alcorcón, Natalia de Andrés, ha sido condenada a cinco años de inhabilitación por la quiebra de Emgiasa, la empresa municipal de la vivienda del municipio madrileño.

Tal y como figura en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº6 de Madrid, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, de Andrés ha quedado inhabilitada para administrar -por sí o dentro de órgano colegiado- bienes ajenos de titularidad pública o privada, representar o administrar a cualquier persona pública o privada, ejercer el comercio o tener cargo o intervención administrativa o económica en compañías mercantiles o industriales, de forma y titularidad pública o privada.

Además, el juez también la condena a la pérdida de «cualquier derecho que tuviera como acreedora concursal contra la masa», así como a la «devolución a la masa de los bienes o derechos que pudiera haber obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o que hubiese recibido de la masa». Asimismo, la condenada de modo mancomunado a la «cobertura de la totalidad del déficit concursal contable por créditos concursales y contra la masa».

Como recoge el fallo, De Andrés fue miembro permanente del consejo de administración durante los años 2009 a 2011, tiempo en el que ostentaba la alcaldía de Alcorcón el socialista Enrique Cascallana, también condenado a diez años de inhabilitación.

El juez ha dado por válida la acusación de la Fiscalía que entendía que la situación de quiebra que alcanzó la empresa fue consecuencia directa de una gestión «negligente» por una «conducta dolosa» que «agravó la situación de insolvencia». En concreto, el Fiscal se apoyaba en dos actuaciones, en las que la dirigente socialista votó a favor.

En primer lugar, la decisión de repartir dividendos (16,1 millones) y el traspaso a ‘reservas voluntarias’ del beneficio registrado de 19,4 millones, a sabiendas de que el consejo de administración debía hacer frente a los pagos (114 millones de euros) de la construcción del Centro de Creación de las Artes de Alcorcón (CREAA). Una macro obra del alcalde Cascallana que nunca llegó a completarse. La empresa no reflejó como debía en sus cuentas el sobreprecio por las sentencias definitivas de las expropiaciones del Ensanche Sur.

En segundo término, las relaciones comerciales que Emgiasa mantuvo con Gesmansur. Según el fiscal, «no estaban amparadas en una contratación administrativa válida, pues se prescindió total y absolutamente de los trámite administrativos legalmente previstos». En este punto, el fiscal explica que la insolvencia vino por «el sobreprecio existente en la facturación que Gesmansur presenta a Emgiasa», cuantificada en 1,5 millones de euros.

A pesar de la condena a cinco años de inhabilitación, contra la que cabe recurso de apelación en el plazo de veinte días, la alcaldesa avanzó el pasado mes de marzo de 2020 que no tenía ninguna intención de dimitir aunque fuera condenada. «Quiero aclarar que en ningún caso voy a dejar de ser alcaldesa durante estos cuatro años y además lo digo porque, en caso de que yo tuviera una sentencia muy desfavorable, nunca afectará a la actividad política. Estamos hablando del ámbito mercantil, cosa que siempre se oculta, pero bueno, me da lo mismo», manifestó.

Sin embargo, tal y como ha podido saber este periódico, la oposición tiene intención de pedir la celebración inmediata de un Pleno Extraordinario para pedir la dimisión de la alcaldesa. El Grupo Municipal Vox en concreto lleva pidiendo la dimisión de la alcaldesa por este asunto desde el inicio de la legislatura.

Esta no es la primera condena que tiene de Andrés. En 2019 fue condenada a pagar 3.000 euros a dos empresarios por vulneración ilegítima del derecho al honor en un artículo publicado en la web del Grupo Municipal Socialista en octubre de 2017 y, años antes, en 2009, fue condenada a una multa de 1.200 euros por injurias hacia el entonces presiente del PP de Alcorcón, Fernando Díaz.