El alcalde de Galapagar denunciado por calumniar a los vecinos que pasean cerca del casoplón de Iglesias

Un grupo de vecinos de Galapagar han denunciado al alcalde de Galapagar, Alberto Gómez (PSOE), por calumnias. Cargan contra la declaración institucional que realizó en el Pleno municipal contra los paseos que cada tarde se registran alrededor del chalet del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y el ministro de Igualdad, Irene Montero.

Recuerdan que varios jueces han archivado demandas registradas por los líderes de Podemos contra algunos de los vecinos y, ante esta situación, consideran que el regidor tiene que retractarse de la lectura de un manifiesto que realizó en el Pleno contra las protestas sin el aval de la unanimidad de los grupos municipales (PP y Vox no se unieron).

En un escrito remitido al Juzgado de Paz de Galapagar, que adelanta OKDIARIO, los vecinos solicitan un «acto de conciliación» con el fin de «evitar la interposición de una querella por un presunto delito de calumnias con publicidad del artículo 205 y 206 del Código Penal».

Explican que el pasado 10 de septiembre, a las doce del mediodía, el Ayuntamiento de Galapagar emitió por su canal en YouTube, la lectura de un comunicado por parte el alcalde Alberto Gómez donde aseguraba que los paseos en la calle donde vive Pablo Iglesias «son manifestaciones o acoso al vicepresidente y su familia».

Así mismo, estos vecinos indican que el alcalde pide el fin de de estas prácticas. Denuncian que sus «reuniones de amigos, la mayoría de edad avanzada» en la célebre calle de Galapagar se enmarcan en un municipio «libre de odio y discriminación». «Nos emplazan a renunciar a nuestro derecho a la libre circulación bajo la entelequia de que así mejoraría la convivencia en ese municipio sin dar más explicaciones», agregan.

A continuación, en su escrito manifiestan ante su señoría que «en ningún caso son manifestaciones, son reuniones manteniendo las medidas de seguridad sanitarias, como forma pacífica de protestar por la situación política actual». Además, apuntan que «dichas reuniones no tienen, en ningún caso, la finalidad de acosar a nadie y se hacen bajo la premisa del propio vicepresidente de ser una forma de expresión de la democracia». Pablo Iglesias apoyó los escraches a modo de «jarabe democrático» cuando él estaba en la oposición.

Además, recuerdan que «el Juzgado número 4 de Collado Villalba ya archivó recientemente una demanda por acoso y coacciones contra una antigua asistente a esta reuniones, Cristina Gómez (concejal de Vox) donde la magistrada consideró que los hechos estaban amparados por la libertad de expresión y que la vía penal no era la oportuna para analizarlos».

Por otra parte, comentan que Iglesias también se querelló en esos mismos juzgados contra Miguel Frontera, otro de los habituales de las protestas. «Le consideraba instigador de esas ‘protestas’ al que atribuyó seis delitos: coacciones, acoso, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia, alteración, alteración del orden público y contra los recursos naturales y el medio ambiente. Esa querella también fue archivada. La Fiscalía apoyó las decisiones judiciales y se opuso a los recursos», recoge el texto.

Explican que las reuniones «no alteran la vida cotidiana de ningún vecino ni hay perturbación del orden público como acreditan los mencionados autos». «Las reuniones pueden molestar como a otros vecinos el tener un parque o una terraza de bar cerca de su vivienda y no por ello se hacen comunicados señalando a los vecinos con subtextos tan graves como el odio, la discriminación o el acoso», comentan.

A más ahondamiento, señalan que «son públicos y notorios» estos archivos judiciales porque medios de comunicación escritos y de televisión se han hecho eco de estas decisiones. «Estas reuniones no se encuadran dentro de ninguno de los conceptos delictivos que Alberto Gómez insinúa en su manifiesto. No puede alegar desconocimiento ni no ser consciente de la repercusión que ha tenido», apuntan.

16 firmas

Por otra parte, apuntan que el requerimiento no va hacia la institución municipal «sino a Alberto Gómez al ser una decisión personal la lectura del manifiesto y no haber sido aprobado en Pleno la representación del Ayuntamiento».

«Nuestra pretensión en este acto de conciliación es que el alcalde retire sus afirmaciones y emita otro manifiesto rectificando y dejando claro que nuestras reuniones de amigos ni son ningún tipo de acoso previsto en el Código Penal ni fomentan el odio o la discriminación al no ajustarse a ningún ilícito penal y evitar una querella por un supuesto delito de calumnias», concluyen su texto fechado el día 15 de septiembre. Agregan un listado de 16 vecinos que firman la solicitud.