El abogado izquierdista que azota a Ayuso defendió pisos turísticos ilegales y logró anular sus multas

El letrado Javier Flores, que anteriormente se hacía llamar Jota Vaquerizo y es conocido en Madrid por sus denuncias contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, logró que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anule varias multas de 30.001 euros que el Ayuntamiento de la capital había impuesto a propietarios de pisos turísticos sin licencia.

El fallo, conocido a principios de febrero, cuestiona de raíz el mecanismo sancionador que el Consistorio ha venido utilizando desde hace casi dos años.

Aunque Javier Flores ahora se erige como azote de los gobiernos del Partido Popular y está recibiendo los parabienes de partidos de izquierda, hasta hace poco luchaba a favor de los propietarios de viviendas de uso turístico (VUT).

Formó parte de Más Madrid y ahora lucha por impulsar una candidatura con Independientes por Madrid (IXM). Es el partido de la ex número dos de Manuela Carmena, Marta Higueras. Sin embargo, Flores Vaquerizo estaba hasta hace escasos meses del lado de, según la izquierda, los malvados especuladores que gentrifican los barrios.

El TSJM ha estimado recientemente sus recursos de apelación de Flores Vaquerizo en representación de dos propietarios de viviendas de uso turístico (VUT) en el centro de Madrid. En sendas sentencias, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha declarado nulas las sanciones impuestas.

El tribunal no ha entrado a valorar si existían o no irregularidades en los pisos afectados. Su razonamiento ha sido puramente jurídico: la actividad «podría ser constitutiva de una infracción administrativa, pero no de la tipificada en el artículo 204.3.b) de la Ley del Suelo». Es decir, el que tipifica como infracción urbanística grave la implantación y el desarrollo de usos incompatibles con la ordenación urbanística aplicable.

Origen de la sanción

El alcalde de Madrid anunció hace casi dos años un plan de multas para frenar la proliferación de pisos turísticos sin permiso municipal, que entonces superaban los 13.200 según cálculos del propio Ayuntamiento. Se trataba de una medida que se quedaba corta para la izquierda, que ha declarado la guerra a estos pisos turísticos y quiere acabar con muchos más y de una forma mucho más ágil.

Almeida decidió recurrir a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, que permite sanciones de 30.001 euros en adelante, muy superiores a los 1.000 euros que preveía la normativa anterior aprobada al final del mandato de Carmena.

El motivo habitual de estas sanciones era la falta de acceso independiente al portal que utilizan los vecinos, un requisito exigido por el Plan de Usos del Hospedaje. El Ayuntamiento venía calificando esta carencia como un «uso urbanísticamente incompatible», lo que le permitía aplicar el régimen sancionador más severo.

El abogado explicó a los medios el alcance del fallo. «El tribunal va al núcleo del problema y concluye que el tipo sancionador utilizado por el Ayuntamiento no encaja con los hechos», señalaba. El letrado matizó que la sentencia «no significa que todas las sanciones vayan a ser anuladas automáticamente», aunque considera que «eso obliga a revisar muchos expedientes».

Perfil del letrado

Flores no es un desconocido en la política madrileña. Militó en 2010 en UPyD, partido con el que llegó a postularse como cabeza de lista para el Ayuntamiento de Madrid, y con los años su discurso se ha desplazado hacia posiciones más próximas a la izquierda.

En los últimos años se ha convertido en una figura habitual en los tribunales y los medios, enfrentada al Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, contra quien ha presentado querellas relacionadas con la compra y venta de un ático por la empresa Planifica Madrid, así como denuncias sobre la gestión de la sanidad pública madrileña.

Su activismo judicial le ha acarreado, dice, sinsabores personales: el letrado ha denunciado haber recibido amenazas de muerte anónimas en redes sociales a raíz de sus actuaciones contra el Ejecutivo autonómico.

Sin embargo, hace poco, el abogado se situó en el lado opuesto del tablero municipal, defendiendo a propietarios de viviendas turísticas frente al Ayuntamiento.

Flores ha calificado de «delirio colectivo» el debate en torno a la vivienda turística y ha rechazado que sus clientes sean «los culpables universales» del problema de acceso a la vivienda en la ciudad.

Recurso pendiente

La resolución no es firme. El Ayuntamiento de Madrid puede recurrirla ante el Tribunal Supremo, aunque de momento no ha trasladado su decisión ni ha realizado valoraciones públicas sobre el fallo. El área de Urbanismo, dirigida por Borja Carabante, denunció el año pasado a 1.408 propietarios de VUT sin licencia, de los que 323 regresaron voluntariamente al uso residencial tras la apertura del procedimiento sancionador.

La paradoja resulta llamativa: el letrado que durante años ha sido azote judicial de Ayuso se ha convertido, sin proponérselo, en un aliado de los propietarios de pisos turísticos frente a los vecinos madrileños. Un giro que demuestra que, en los tribunales, las alianzas políticas importan mucho menos que la letra pequeña de la ley.