Marlaska e Instituciones Penitenciarias denunciados por acoso laboral a funcionarios homosexuales

El titular del juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla Morales, ha incoado diligencias previas en favor de los juzgados de Arganda del Rey para que abran una investigación sobre el presunto acoso laboral ‘mobbing’ a funcionarios de prisiones homosexuales en la cárcel de Estremera.

OKDIARIO ha tenido acceso a las denuncias presentadas por Víctor Somoza Somoza, funcionario de prisiones, ante los juzgados de lo Penal de Plaza de Castilla contra Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior; Ángel Luis Ortiz González, secretario general de Instituciones Penitenciarias; Alfonso Gordillo Martínez, jefe de servicios de la subdirección general de Inspección Penitenciaria; Enrique Valdivieso de la Hoz, director de la cárcel madrileña; y Eugenio Arribas López, subdirector general de recursos humanos de la secretaria general de Instituciones Penitenciarias.

El funcionario de prisiones, que ha reconocido públicamente en el centro su homosexualidad, alega sufrir una «persecución» por parte del director Enrique Valdivieso de la Hoz, a quien acusa de un «cambio injustificado de servicio» y de la realización de tareas de un «rango inferior» al que ostenta.

Valdivieso es funcionario de Instituciones Penitenciarias desde 1981 y fue director de la cárcel de Herrera de La Mancha (Ciudad Real) durante dos años. También del penal alicantino de Fontcalent, antes de convertirse en el máximo responsable de la prisión madrileña de Estremera en el año 2013, durante el Gobierno del PP. Instituciones Penitenciarias depende de Interior y Grande-Marlaska llegó al cargo en junio.

«Acosado por ideología política»

Otro de los motivos de este presunto acoso laboral, según el denunciante, es su ideología política y su condición de pertenencia a un grupo sindical. En la denuncia explica que su elección como presidente del partido político Unión Cidadá Galega (U.C.GA) coincidió «casualmente» con el inicio del presunto acoso laboral, «pues en ese tiempo he puesto a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados en un aprieto al denunciar las irregularidades del incumplimiento de tratados internacionales y nuestro ordenamiento jurídico”.

Explica que el director del centro le discrimina con actitudes como no aceptar reuniones sindicales para solventar problemáticas del centro alegando que «en su despacho recibe a quien quiere» y concluye: «refiriéndose a mi persona desde un punto despectivo».

«Solicité hace unos meses un permiso sin sueldo y se me denegó cuando no conozco en el centro a ninguna persona que se lo hayan denegado. El año pasado sufrí un accidente laboral solicitando que me lo tramitasen como ello y no lo hicieron debiendo solicitárselo este peticionario a la delegada del Gobierno y reconociéndomelo la misma» sostiene.

Sin embargo este no es el único caso de acoso en el centro, según las fuentes consultadas, en el penal madrileño «muchos funcionarios están de baja médica por sus actuaciones al frente de la dirección de este centro penitenciario». Otro compañero, citado con nombre y apellidos en la denuncia, también sufre esta situación y «casualmente también es homosexual».

Esta situación le ha ocasionado daños morales y psíquicos teniendo que acudir a un centro médico para reforzar su tratamiento psicológico. Por todo ello, solicita un informe pericial forense para confirmar el presunto «delito de acoso laboral y contra la integridad moral» que está sufriendo.

Prisiones investigó las denuncias

Tal y como adelantó OKDARIO, la de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, conocedora de estas denuncias, inició una investigación interna para verificar «el trato al que estaba siendo sometido el funcionario» que finalmente no desembocó en un procedimiento sancionador.

Es por todo ello que después de haber informado de dicha situación al Ministerio del Interior, Víctor Somoza decidió denunciar ante los juzgados de Plaza de Castilla a todos «los que conociendo dicha circunstancia han decidido encubrirla».

Situada en la localidad de Estremera (Madrid), a 67 kilómetros de la capital, esta prisión es considerada una de las más conflictivas y peligrosas del país. En los últimos 6 años, ha registrado el mayor número de agresiones a funcionarios de prisiones de toda España.

En este penal madrileño estuvieron recluidos, el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras; y los exconsellers, Raúl Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Carles Mundó y Santi Vila. También permaneció recluido en prisión preventiva durante casi 33 meses el exconsejero madrileño Francisco Granados.