González dice que Rodríguez Sobrino le incrimina en el cobro de comisiones para librar a su hija embarazada de prisión

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, asegura que su mano derecha del Canal de Isabel II en Sudamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, le ha acusado «falsamente» de cobrar comisiones ilegales en Suiza por la adquisición de la filial brasileña Emissao para librar a su hija embarazada de entrar en prisión.

En un escrito de 19 páginas remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, la defensa de González señala que «no es cierto que gestara la idea de la compra ni que obtuviera ninguna comisión por esa compra, como al parecer indicó, en su declaración, Edmundo Rodríguez, porque ni existe prueba de esta falsa acusación, ni de la obtención de comisión alguna por él mismo o mediante testaferros».

Durante su comparecencia voluntaria de más de 4 horas ante el juez Manuel García Castellón del pasado mes de julio, Rodríguez Sobrino acusó a González de cobrar comisiones por la compra de Emissao en el 2013. Su declaración tenía lugar después de que Anticorrupción solicitara la comparecencia urgente de su hija, Patricia Ana Rodríguez, para explicar el origen de los 262.000 euros en billetes, que fueron encontrados en un apartamento a su nombre de la ciudad colombiana de Barranquilla.

Finalmente, la hija de Rodríguez Sobrino declaraba a principios de septiembre debido a su avanzado nivel de gestación y quedaba en libertad sin medidas cautelares.

Según el letrado de González, «tampoco se ha constatado la existencia de ninguna cuenta con dinero a disposición de mi mandante proveniente de una comisión por la compra de la compañía Emissao. Obviamente, no puede considerarse que sea prueba o indicio de ello la mera declaración de Rodríguez Sobrino cuando manifestó que una parte de la supuesta comisión era para mi representado, pero que éste nunca la recibió».

«También es obvio», añade, «que Rodríguez Sobrino no ha aportado ni un solo documento que acredite tal inveraz acusación, y que esa manifestación se ha hecho como fruto de un pacto dirigido a evitar que el Ministerio Fiscal solicitara la entrada en prisión de su hija, en avanzado estado de gestación, intención que la Fiscalía habría traslado a Rodríguez Sobrino al conocer que se había encontrado dinero en efectivo en su vivienda de Colombia, y diversas propiedades a su nombre, por lo que debería responder de una supuesta cooperación con su padre en delitos de blanqueo de capitales».

Edmundo Rodríguez Sobrino, tras ser detenido por la Guardia Civil. (Foto: EFE)

Salida de prisión o fianza para González

En el mismo escrito, Ignacio gonzález solicita al juez del caso Lezo que fije una fianza y revoque su prisión incondicional que le mantiene en la cárcel madrileña de Soto del Real desde hace 6 meses.

Su letrado asegura que debe acordarse la libertad porque «ni existe organización criminal, ni indicios sólidos y constitucionalmente válidos de los delitos que se imputaron en su día» y «no existe en la causa prueba alguna que haya materializado los indicios y sospechas iniciales que motivaron la decisión de acordar la prisión cautelar».

Sobre la presunta compra fraudulenta de la filial colombiana del Canal de Isabel II Inassa en 2001 durante la presidencia de Alberto Ruiz Gallardón, se indica en el escrito que de «una conversación en la que, en 2016, hace una referencia coloquial, no puede deducirse que 12 años antes, cuando era presidente del Canal, conociera que realmente se hubiera cometido un delito y quisiera encubrirlo. Como indicio de delito, es de una patética fragilidad».

En relación a la compra en 2013 de la filial brasileña Emissao, la defensa afirma que «cuando ésta se realizó, ya no era presidente del Canal, sino presidente de la Comunidad de Madrid, en cuyo Consejo de Gobierno no se trataban temas del Canal en América». No obstante, el exgerente de la empresa pública del agua, Adrián Martín López de las Huertas, aseguró al juez que González dio la orden de compra un año antes, en 2012: «¡Cómprese!».

Sobre la acusación de modificar el contrato de construcción de un parque para construir un campo de golf en el año 2006 y 2007, la defensa sostiene que la acusación «carece de sentido». «No instó la modificación del proyecto pues quien lo propuso fue la Presidenta de la Comunidad de Madrid en ese momento, Esperanza Aguirre, porque quiso remodelar los espacios del Canal para el interés público y la ubicación de zonas verdes». 

En la pieza nº 3 de Lezo se investiga la comisión de 1,4 millones de euros por la adjudicación a OHL de la construcción del tren de Navalcarnero. «Esta acusación es absurda y carece, igualmente, de fundamento, pues esa adjudicación se efectuó el 22 de octubre de 2007, fecha en la que mi mandante no tenía competencia alguna en materia de transportes».

En el escrito, también se hacer referencia a la supuesta orden de González al exconsejero delegado de ICM, José Martínez Nicolás, para conseguir un millón de euros y sanear las cuentas del PP . «Se ha acreditado su falsedad, pues ni mi mandante era tesorero del PP, ni ha tenido nunca relación alguna con la financiación de este partido político, ni se han identificado los supuestos contratos irregulares o ‘inflados’» señala.

«No existe ningún dinero de procedencia ilícita, ni en España, ni en Europa, ni en ningún país de Sudamérica o en cualquier otro territorio extranjero, a nombre de mi mandante o a su disposición», concluye.