Los gestores del Canal desviaron 18 millones en comisiones a Suiza por la compra de la brasileña Emissao

La compra de la empresa brasileña Emissao en 2013 es el segundo gran escándalo del Canal tras la adquisición de Inassa. Los investigadores consideran que la operación en Brasil propició el desvío de 18 millones de euros en comisiones a Suiza y otros 6 que se quedaron en América. Según las pesquisas de la UCO de la Guardia Civil, los gestores de la compañía pública madrileña maquillaron una transacción de 21,5 millones de euros para una empresa que un año después tan sólo valía 5,1 millones. Finalmente, entre Inassa y Emissao, las arcas públicas de Madrid se vieron resentidas por unas cifras millonarias a la que siguen el rastro los investigadores.

OKDIARIO desveló anteayer que los agentes de la operación Lezo estaban convencidos que, durante el primer saqueo –el proceso de adquisición de la colombiana Inassa en 2002– el Canal había desviado 40 millones para el pago de comisiones. La compra había obtenido la autorización de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Madrid, entonces regida por Alberto Ruiz Gallardón.

En la operación de la compra y reparto del botín de Emissao –conocido como el segundo saqueo–, según las investigaciones de la Audiencia Nacional, tuvieron un protagonismo determinante Edmundo Rodríguez -presidente de Inassa-, Adrián Martín -director gerente del Canal de Isabel II- y María Fernanda Richmond -directora financiera.

Según las diligencias del anterior instructor de la causa, el juez Eloy Velasco, la compra comenzó a hacerse efectiva cuando Ignacio González era vicepresidente de la Comunidad de Madrid y presidente del Consejo de Administración del Canal. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional envió a todos ellos a prisión tras la redada de la operación Lezo en febrero pasado.

OKDIARIO ya publicó que González y su equipo consiguieron desviar 4 millones a sociedades panameñas y a otros paraísos fiscales desde una cuenta de Suiza a nombre del presidente de Emissao, Sebastiao Cristovam, a la que se transfirieron unos 18 millones.

En las dos macrooperaciones, que suman un saqueo de más de 64 millones de euros de las arcas públicas de la Comunidad de Madrid, Panamá se convirtió en la cueva de alibabá de los corruptos. Aunque tampoco hay que olvidar otros destinos para el dinero fácil como Uruguay, Andorra, Cayman o Suiza. Y, si Inassa utilizó la offshore panameña Sociedad de Aguas de América para desviar el pago de comisiones, Emissao se valió de las uruguayas Turman Investment y Soluciones Andinas de Agua o la panameña Yavango, todas ellas controladas por la misma persona.

La Fiscalía, en el caso de Emissao, cuenta ya con un testigo protegido, Edmundo Rodríguez Sobrino, que ha facilitado datos de una operación de 2,8 millones que, según él, repartió con Ignacio González -algo que niega el expresidente de Madrid- y una tercera persona. Sobrino llegó a un pacto con Anticorrupción para devolver todo ese dinero, según él, habría cobrado en concepto de comisiones. El dinero lo mantenía oculto en Suiza y Panamá.

Una misma causa para dos pelotazos millonarios

Las investigaciones sobre la compra de Inassa y Emissao constituyen la causa principal y la pieza uno de la Operación Lezo, que fue desgajada del resto de las pesquisas por el juez Eloy Velasco en un auto dictado el 11 de mayo de 2017, antes de abandonar el Juzgado para ocupar su nuevos destino en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.

Según fuentes judiciales, aunque ambas sociedades tienen como matriz al Canal, las pesquisas sobre Emissao van por mejor camino porque ya cuentan, además de Sobrino, con otros imputados que piensan colaborar con la Fiscalía. En cambio, en el caso de Inassa, en la que la operación se remonta a 2002, diez años antes de la compra de la brasileña, las diligencias resultan mucho más complejas y dependen de lo que los tribunales decidan sobre la prescripción.

Así mismo, la Guardia Civil depende en muchas de las actuaciones de la colaboración de la Fiscalía de Colombia. Sin embargo, fuentes colombianas declararon a OKDIARIO que las investigaciones del ministerio público del país suramericano avanzan lentamente. «Casi no avanzan», manifestaron.

En los dos grandes pelotazos del Canal los agentes de la UCO de la Guardia Civil detectan una cierta complicidad y omertá entre los gobiernos de Esperanza Aguirre (2003-2012) e Ignacio González (2012-2015) y el de Alberto Ruiz Gallardón (1995-2003) para que las tropelías en la empresa de aguas madrileña permanecieran en la oscuridad. Aunque de sobra es conocida la rivalidad histórica entre Aguirre y Gallardón, la ex presidenta de la Comunidad renunció a utilizar en 2009 un informe de Cuatrecasas sobre las irregularidades en Inassa que perjudicaba a quien entonces ocupaba la Alcaldía de Madrid.

Las pruebas y los testimonios de algunos de los protagonistas de aquella aventura americana del Canal en 2002 ponían al descubierto que la operación se había ejecutado para pegar un pelotazo con el reparto de comisiones millonarias.

Y si Aguirre tapó las irregularidades y oscurantismo en el proceso de compra de Inassa, denunciados en el informe de la firma de abogados de Cuatrecasas, el equipo de Gallardón silenció la operación del Canal en Brasil que facilitó otro saqueo de más de 25 millones.

El equipo actual de Cristina Cifuentes también dispone de técnicos, funcionarios y estrechos colaboradores, que conocieron de primera mano ambas operaciones pero han logrado quedar al margen de las diligencias. Es el caso de Arturo Canalda, el gerente del Canal durante la fecha de compra de Inassa y actual presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Canalda ha sido cuestionado para su cargo por la Asamblea de Madrid pero la presidenta Cristina Cifuentes lo mantiene al frente de la institución que, paradójicamente, fiscaliza las cuentas de los organismo de la Comunidad.

Los procesos de compra de Inassa y Emissao son muy similares. Si los despachos de Garriguez y Cuatrecasas, contratados por el Canal, desaconsejaron en 2002 la compra de la empresa colombiana de aguas de Barranquilla, la auditora KPMG alertó de que en Emissao se habían detectado casos de sobornos a funcionarios públicos y que lo más ventajoso era renunciar a su adquisición.

Los investigadores no guardan ninguna duda sobre la finalidad de las sociedades instrumentales fueron creadas para hacer “desvíos de dinero público madrileño, que así pasaban a cuentas bancarias en terceros países con opacidad respecto de las titularidades reales”. Al mismo tiempo califican la operación Emissao como “hipervalorada ficticiamente”. Para ellos, se había producido un desfalco en el patrimonio de la empresa pública madrileña, que había enriquecido «determinadas personas» que participaron «directamente» en las gestiones.