La fiscal que validó el informe del asesor de ZP sobre el pucherazo en Bolivia archivó el pago a Neurona

Juan Manuel Corchado, profesor de la Universidad de Salamanca y ex asesor del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entregó su informe fake sobre el pucherazo de octubre de 2019 que le encargó la Fiscalía de Bolivia a la fiscal Rocío Feraudi, muy próxima a Evo Morales. Se trata de la misma fiscal que archivó la investigación judicial sobre los pagos de 1,6 millones de dólares que el país andino abonó a la consultora Neurona, vinculada a Podemos y a la cúpula del partido dirigido hasta el pasado mes de mayo por Pablo Iglesias.

Tal y como figura en la documentación que obra en poder de OKDIARIO, cuando Corchado finalizó el informe que le encargó la Fiscalía de Bolivia, por el que le pagaron 30.000 dólares, se lo entregó a la fiscal boliviana Rocío Feraudi. “En la ciudad de Sucre y vía plataforma virtual, el 7 de julio de 2021, a las 9:00 horas, en dependencias de la Fiscalía General del Estado, en presencia de los miembros de la Comisión de Recepción (…)”, arranca el documento.

Este documento se refiere a un informe que el Gobierno de Bolivia, presidido por Luis Arce, delfín de Evo Morales, encargó a Corchado después de una polémica licitación pública. La temática del informe era dilucidar si hubo o no fraude electoral en las elecciones de octubre de 2019, que acabaron con la caída el ex presidente boliviano. A pesar de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un dictamen confirmando que, en efecto, hubo pucherazo, Corchado asegura en su pericial que no. Tras conocerse el contenido del informe del ex asesor del Gobierno de Zapatero la OEA ha vuelto a pronunciarse y, tras poner en duda la tesis de Corchado, se ha reafirmado en su dictamen.

“Se procedió a la recepción definitiva del informe final de la Pericia en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes realizado por el grupo de investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Universidad de Salamanca representada a los efectos del presente informe (…) por Don Juan Manuel Corchado Rodríguez”, continúa. Con este documento, con el que se confirmaba el envío de la pericial desde España hasta Bolivia, está firmado a mano por Ingrid Rocío Feraudi Guerra, que figura como «abogada».

En realidad, Feraudi fue la fiscal sobre la que recayó la investigación por los pagos de 1,6 millones de dólares que el Gobierno de Evo Morales llevó a cabo a través del Ministerio de Comunicaciones a la consultora Neurona, estrechamente vinculada a Podemos. Tras mantener paralizada las pesquisas durante más de 11 meses archivó por completo la investigación.

Siete versiones distintas

El informe de Corchado ha suscitado un enorme revuelo después de que este periódico destapara que el ex asesor del Gobierno de Zapatero pactó por escrito con la Fiscalía de Bolivia la prohibición de que el contenido de la pericial se difundiera sin su permiso y que fuera clasificado como “confidencial”. Otro de los datos que más revuelo ha generado ha sido que Corchado envió hasta siete versiones distintas del documento en periodos de tiempo muy cortos.

Tras la revelación que OKDIARIO hizo sobre este último dato el ex presidente boliviano Carlos Mesa se pronunció públicamente al respecto. «Además de ilegal, extemporáneo y parcial, el informe contratado por los fiscales fue elaborado a medida del cliente y con resultados que este imponía», aseguró Mesa. Y continúa: «Corrigieron hasta 7 veces para adecuarlo al falso relato del golpe y eliminar la verdad del gigantesco fraude», concluye.

Tras conocer todos estos datos, publicados en primicia por este periódico, varios miembros de los dos principales partidos políticos de la oposición de Bolivia han denunciado que el contrato entre la Fiscalía de Bolivia y Corchado es ilegal al estar plagado de irregularidades. La más destacada es que el ex asesor del Gobierno de Zapatero no contaba con el certificado RUPE cuando fue fichado por el país andino, condición sine qua non ara poder contratar con el Estado.

Asesor del Gobierno de Zapatero

Durante el año 2010, Corchado ocupó el cargo de director adjunto de la coordinación del área de Transferencia de Tecnología de la Subdirección General de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, un organismo científico público dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. En el momento en que Corchado fue contratado como experto su jefa fue la entonces ministra socialista Cristina Garmendia.

El paso de Corchado por el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quedó registrado en uno de los curriculum vitae oficiales que constan del profesor de la Universidad de Salamanca ante el Ministerio de Economía. Sin embargo, Corchado se desvincula totalmente de los servicios que prestó en calidad de asesor científico cuando OKDIARIO le pregunta si ha tenido alguna relación con algún partido político o algún Gobierno. “No. Es falso”, repite a este periódico en tres ocasiones.

Pero el vínculo entre Corchado y el Estado no se limita a este trabajo. Este periódico ha localizado decenas de proyectos de investigación dirigidos por el docente financiados con dinero público. Si bien es cierto que ha cobrado ayudas de varias administraciones públicas en gran cantidad de oportunidades han sido adjudicadas en períodos en los que el PSOE estaba en el Gobierno. Por ejemplo, en el año 2008, el Ministerio de Industria financió con 789.000 euros públicos un proyecto del asesor del Gobierno de Zapatero llamado EPC: Enne Community Platform.

El año anterior, en 2007, Corchado, nuevamente del Ministerio de Industria, recibió 456.000 euros para la realización de un proyecto denominado ALIADO. En 2008, y como en las anteriores ocasiones desde Industria, en aquel momento dirigida por el socialista Joan Clos, el docente de la Universidad de Salamanca volvió a ser financiado con dinero público. En esta ocasión la inyección fue de 491.000 euros por un proyecto llamado Open distributed architecture based on agent technology for heavy processing.